Wilk explicó hoy que el BID dedica actualmente a proyectos relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad ambiental un 17 por ciento de la cartera total de proyectos, que entre 2006 y 2011 ascendió a 53,000 ó 57,000 millones de dólares, unos 9,000 ó 10,000 millones de dólares anuales.
"El BID quiere cubrir las necesidades de actores que buscan apoyo financiero y ayuda en estructuración de proyectos que movilicen recursos fiscales, privados y de la banca multilateral también", aseguró Wilk en las Jornadas de Latinoamérica que se celebran ayer y hoy en la ciudad de Maguncia (oeste) y han sido organizadas por las cámaras de comercio alemana y latinoamericanas.
Wilk añadió que "tenemos una estrategia para apoyar ciudades intermedias en Latinoamérica y el Caribe, que son ciudades que pasan por una época de alto crecimiento y tienen oportunidades de ofrecer un servicio de calidad y aspirar a objetivos de crecimiento sostenible".
"En ciudades intermedias vemos gobiernos muy progresistas que crean las condiciones de inversión para el sector privado y como banco la necesidad de entrar en la fase de identificación de la problemática y en la estructuración de proyectos de inversión específicos", dijo Wilk.
Añadió que la adaptación al cambio climático es uno de los temas más delicados porque es necesario reconocer el nivel de vulnerabilidad que tienen los países y las ciudades en sectores como el agrícola, que presenta retos al cambio climático y pérdidas, o en la provisión de agua a los centros urbanos que se ve amenazada.
Es importante avanzar la agenda de la adaptación al cambio climático, según el directivo del BID.
Un 75 por ciento de la población de Latinoamérica vive en núcleos urbanos pero actualmente se observa un flujo menor de población del campo a la ciudad en comparación con los años 70 y 80 y, además, ya no se dirige a las grandes ciudades, sino a las ciudades intermedias, que van desde una ciudad de 100,000 habitantes a un poblado de 10,000 que crecen.
El BID tiene un programa para apoyar a los países a controlar la desforestación y sólo apoya proyectos de inversión que no salvaguarden análisis socio-ambiental y de respeto a las poblaciones indígenas.