"Tengo la convicción de que todas autoridades públicas del Reino Unido y Gibraltar quieren tratar a los ciudadanos europeos de forma justa. No creo que vaya a haber ninguna conspiración para privarles de sus derechos", afirmó el antiguo eurodiputado conservador, que preside la Agencia de Monitorización Independiente del Acuerdo sobre los Derechos Ciudadanos (IMA, en inglés).
"Es probable que de tanto en tanto surjan casos de mala administración en los que se trate mal a los ciudadanos, pero por supuesto eso también les ocurre a los británicos", esgrimió Fox, líder de los conservadores en el Parlamento Europeo entre 2014 y 2019.
Cuando comenzó el proceso de ruptura con la UE, el Gobierno británico calculaba que unos tres millones de comunitarios residían en el Reino Unido. Con su registro oficial, sin embargo, ha emergido en torno a un millón más.
Esos cuatro millones de personas conservarán los derechos que habían adquirido bajo el paraguas de la Unión Europea, siempre y cuando puedan demostrar que estaban en el país antes del 1 de enero y se inscriban en un registro oficial antes de la fecha límite del próximo 30 de junio.
PROTEGER Y PROMOVER DERECHOS
El acuerdo de salida de la UE que firmaron Londres y Bruselas establece la creación de la IMA con la misión de asegurar que los sucesivos gobiernos del Reino Unido, así como las administraciones regionales y locales, cumplen lo acordado.
"Queremos que los ciudadanos europeos nos hagan llegar sus quejas", recalcó Fox, al frente de un organismo que ha comenzado a operar este mes.
Su agencia no mediará con las administraciones públicas para solventar problemas individuales, pero analizará las reclamaciones, tratará de identificar disfunciones "sistémicas" y promoverá que se respeten las prerrogativas legales de los europeos que estaban en el país antes de 2021.
En caso de detectar problemas estructurales, podrá exigir soluciones a las autoridades responsables, emitir informes públicos y, en última instancia, ordenar una revisión judicial de la situación.
"Sabiendo que esos son nuestros poderes, mi expectativa es que las autoridades públicas tomarán medidas en cuanto reciban una educada petición por nuestra parte", sostuvo Fox.
CIUDADANOS VULNERABLES
Una de las preocupaciones más extendidas sobre el proceso de registro de los europeos como "asentados" en el Reino Unido es la posibilidad de que algunas personas especialmente vulnerables no cumplan con los trámites oficiales en el plazo previsto, ya sea por desconocimiento o por otros motivos.
Fox aseguró que el Gobierno prevé analizar caso por caso esas situaciones y permitirá que algunos individuos se registren más tarde "si hay una buena razón para ese retraso".
Sería el caso de "una persona anciana, ciudadana comunitaria e ingresada en una residencia, quizás con demencia", cuya familia trate de inscribirla una vez caducado el plazo oficial.
"Ese es el tipo de ejemplo que yo esperaría que el Gobierno aceptara como un buen motivo", esgrimió Fox.
AUSENCIA DE DOCUMENTOS FÍSICOS
Existe asimismo el temor a que la falta de un documento físico que pruebe el estatus de "asentado" en el Reino Unido dificulte ciertos trámites a los comunitarios registrados, que tienen miedo a no poder demostrar que son valedores de unos derechos más amplios respecto a los europeos que hayan llegado al país tras el Brexit.
"Cuando te inscribes como asentado no recibes ningún documento ni tarjeta, sino que entras en una base de datos electrónica. Eso es algo que el Gobierno tiene derecho a hacer, está específicamente escrito en el acuerdo", esgrimió Fox.
"Estoy muy al tanto de que hay ciudadanos de la Unión Europea que han expresado su temor a que esto no funcione bien. Nuestra posición será la siguiente: vamos a monitorizarlo, comprobar que funciona y que sus derechos están protegidos y, si no lo están, daremos los pasos necesarios para asegurarnos de que es así", expresó.
PROTECCIÓN EN DÉCADAS FUTURAS
La agencia británica defenderá a esos cuatro millones de europeos en los próximos años y décadas, incluso cuando el Brexit haya dejado de estar en el foco mediático.
Su presidente resalta que el registro oficial que se ha promovido evitará en el futuro problemas como el que han sufrido numerosos descendientes de la generación de inmigrantes caribeños que llegaron al Reino Unido entre 1948 y 1971, muchos de los cuales han experimentado amenazas de deportación por no tener su documentación en regla.
"En aquellos tiempos, no era práctica habitual dar a los menores documentos de identidad diferentes de los de sus padres. Si esos niños que vinieron a vivir al Reino Unido nunca pidieron un pasaporte, se quedaron indocumentados", relató el antiguo eurodiputado por el Suroeste de Inglaterra y Gibraltar.
"Esta es una situación distinta. Se ha establecido un programa (de registro) en el que ya hay cuatro millones de personas inscritas y estamos promoviendo activamente que los ciudadanos de la Unión Europea lo hagan para proteger sus derechos", subrayó.