La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) quiere que un tribunal del Consejo de Inmigración y Refugio de Canadá (IRB, por sus siglas en inglés) decida que Manning, de 33 años de edad, no es admisible en el país por su condena criminal.
Pero este jueves, Joshua Blum, abogado de la exsoldado, rechazó en una videoconferencia la petición de CBSA, al señalar ante el tribunal que los cargos por los que Manning fue condenada en Estados Unidos no son iguales a los que existen en Canadá.
Blum también defendió que la ley canadiense protege a las personas que revelan información confidencial si lo hacen por el bien del interés público.
Según medios canadienses, el abogado de Manning argumentó ante el tribunal que su defendida reveló los documentos secretos de Estados Unidos para denunciar los asesinatos de civiles iraquíes y afganos a manos de las tropas estadounidenses, lo que estaría cubierto por la ley canadiense de revelación de secretos.
Los medios también revelaron este jueves que, la semana pasada, el Gobierno canadiense solicitó que Manning compareciese en persona ante el tribunal para participar en la vista.
Esa insólita petición tenía como objetivo poder expulsar físicamente a Manning de Canadá en caso de que el IRB decidiera rechazar su solicitud de entrada en el país.
Sin embargo, el IRB negó el lunes la moción de las autoridades canadienses, porque era inconsistente con la petición de CBSA de no permitir la entrada de Manning en el país.
El caso se inició en septiembre de 2017, cuando Manning, que pasó siete años en prisión por la entrega de los documentos a Julian Asange, intentó viajar en Canadá por vía terrestre. Al llegar a la frontera, los agentes de CBSA impidieron que entrase al país.
Los funcionarios justificaron su decisión porque Manning, que cambió de sexo durante su estancia en la cárcel y fue perdonada en 2017 por el entonces presidente Barack Obama, había sido condenada en Estados Unidos por espionaje, una imputación que en Canadá estaría penada como traición.
Manning, que inicialmente fue condenada a 35 años de prisión, decidió recurrir la decisión de las autoridades canadienses ante el Consejo de Inmigración y Refugio de Canadá.