La demanda, presentada ante el tribunal federal del Distrito de Columbia, nombra como acusados a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, su encargado de gestión y recursos, Thomas Nides, y el director de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (Usaid), Rajiv Shah.
Los demandantes, representados por la organización Israel Law Center, argumentaron que el Gobierno de Obama "ha permitido a la Autoridad Palestina evadir los requisitos de transparencia exigidos por la ley estadounidense" al conceder fondos a la región.
"Al hacerlo, han permitido que los dólares estadounidenses caigan en las manos de Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (ambas consideradas organizaciones terroristas), la Organización de Liberación Palestina (OLP), empleados de la ANP que tienen vetado por ley acceder a fondos y otros apoyos del terrorismo que persiguen a los civiles en Israel", indicaron.
Los demandantes aseguran que viven "temerosos de ataques palestinos" y que varios de ellos los han sufrido en el pasado, por lo que piden detener los fondos a la ANP y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
Además, exigen que "los desembolsos ilegales se desvíen de la Autoridad Palestina y que cualquier fondo futuro cumpla la ley estadounidense y las regulaciones, y que aseguren la seguridad" de los estadounidenses que viven en Israel.
Según la ley federal estadounidense, la ayuda sólo puede dirigirse a una organización que busque el establecimiento del Estado palestino si esta "demuestra un compromiso firme con la coexistencia pacífica con el Estado de Israel".
La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, dijo en su conferencia de prensa diaria que no podía confirmar la presentación de la demanda y que se trataría en todo caso de un asunto para el Departamento de Justicia.