"El sector sigue siendo un área en la que hay un alto ingreso ilegal de personas, por lo que hay una necesidad inmediata de mejorar la infraestructura actual y construir barreras y caminos fronterizos adicionales", precisó el DHS en un comunicado.
La exención de las leyes ambientales aplicará para una zona contigua a la frontera de 24 kilómetros de largo, que se extiende hacia el este desde el océano Pacífico.
La dispensa facilitará al DHS iniciar "proyectos de infraestructura", que incluyen la construcción de varios prototipos del muro fronterizo que el presidente Donald Trump demandó se construyeran mediante una acción ejecutiva en enero pasado.
El DHS también planea reemplazar las secciones de la valla que se encuentra en la zona.
La exención de las leyes ambientales evita al DHS el tener que cumplir con el requisito legal de completar un estudio de impacto ambiental antes de construir en tierras públicas.
El DHS sostiene que tiene "la autoridad para renunciar a todos los requisitos legales" que el secretario de Seguridad Nacional considera necesarios "para disuadir los cruces ilegales" en zonas en las que se registra un alto número de ingresos de inmigrantes indocumentados al país.
La decisión de la agencia federal fue criticada por activistas ambientales, que ya antes se han manifestado contra el proyecto de construir un muro a lo largo de la frontera con México.
“Si la administración Trump no puede reconciliar su xenófobo muro fronterizo con docenas de salvaguardas ambientales orientadas a proteger nuestras comunidades, esa es otra razón para que el Congreso niegue los fondos e impida que la construcción siga adelante”, señaló en un comunicado la organización ecologista Liga de Votantes para la Conservación.