La norma había sido aprobada el 8 de marzo por los legisladores estatales y era de esperarse la firma del gobernador, quien fue uno de sus principales promotores.
"Juntos, arrojaremos luz sobre la inaceptable tiranía política y violencia infligida por (el presidente Nicolás) Maduro y sus despiadados matones", dijo Scott al proponer la medida.
La ley 359, que entra en vigor el 1 de julio, prohíbe a la Junta de Administración Estatal (SBA) "invertir en acciones, títulos de deuda u otras obligaciones" con cualquier compañía en Estados Unidos que haga negocios con el gobierno de Venezuela.
La propuesta fue diseñada luego de que el banco de inversiones Goldman Sachs comprara bonos venezolanos a menos de la tercera parte de su precio. La transacción desató la ira de los opositores a Maduro, que acusaron a Goldman Sachs de apoyar la "dictadura".
Por su parte, el gobierno de Suiza anunció la víspera una serie de sanciones contra Venezuela y la congelación de activos, por sus presuntas violaciones a los derechos humanos y la democracia, secundado las medidas tomadas por la Unión Europea (UE) en enero pasado.
En un comunicado, el Consejo de Estado anunció su decisión de congelar activos y prohibir viajar al país a varias personas y representante de varias compañías y organizaciones, incluidos siete ministros venezolanos y funcionarios de alto rango, según un reporte del sitio Swissinfo.
Al igual que las sanciones impuestas por la UE, el gobierno suizo incluyó en la lista de sanciones al expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, al ministro del Interior, Néstor Reverol, y al presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno.
Las sanciones suizas incluyen la prohibición de la venta o exportación a Venezuela de armas y bienes que pueden ser utilizados para la represión interna, así como equipos usados para monitorear e interceptar las comunicaciones por Internet y por teléfono.
En su declaración oficial, Suiza destacó que estaba "seriamente preocupada por las reiteradas violaciones de las libertades individuales en Venezuela, donde el principio de separación de poderes se ve gravemente socavado y el proceso en vista de las próximas elecciones adolece de una grave falta de legitimidad".
Esto ocurre en momentos en que Venezuela se prepara para las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro buscará ser reelegido hasta 2025 y que son tachadas como un fraude por la oposición, cuyos principales líderes están presos o han sido inhabilitados políticamente.
El año pasado, una oleada de protestas que exigían la salida del poder de Maduro dejó 125 muertos, en un contexto de profunda escasez, una inflación proyectada por el FMI para este año de 13.000 por ciento y una fractura social que está provocando una crisis de refugiados en Latinoamérica.
En agosto pasado, Washington impuso medidas financieras contra el país y su petrolera PDVSA.
Según datos del censo de 2016, unos 300 mil venezolanos viven en Estados Unidos. De ellos, casi la mitad (144 mil) residen en Florida.