El endurecimiento de este tipo de estrategias que fortalece a cuerpos policiales adictos al “gatillo fácil”, es decir que disparan con suma facilidad, se da en medio de una drástica caída de popularidad del presidente argentino Mauricio Macri.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió este martes que la doctrina cambió y que, para el gobierno, los policías son inocentes a priori, ya que si matan, según ella, lo hacen en cumplimiento de su deber.
“Esto lo que va a terminar es con la idea de que cada vez que un policía actúa, se discute si tiene que actuar. Si quieren, tenemos policías sin armas y vamos a ver cómo nos va”, retó la funcionaria.
A finales de 2017, el policía Oscar Chocobar disparó por la espalda a Pablo Kukok, quien había acuchillado a un turista estadunidense.
El delincuente, de 18 años, murió a causa de los balazos y el policía, que no estaba en servicio en el momento de los hechos, fue procesado y embargado luego que el juez Enrique Velázquez lo acusó de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa”.
De manera sorpresiva, con el caso judicial en marcha, el propio Macri recibió y respaldó a Chocobar, quien mintió en su declaración, además que después un video comprobó que le había disparado por la espalda y a varios metros de distancia a Kukok.
La ministra de Seguridad confirmó que la reacción oficial significa que el Poder Ejecutivo cambió la doctrina para que los policías no sean considerados culpables “en un enfrentamiento”.
El gobierno tiene a su favor que hay un sector de la sociedad argentina que aplaude las ejecuciones de delincuentes, aunque no se respete su derecho al debido proceso.
Además, las promesas de combatir con mayor énfasis la inseguridad, uno de los problemas prioritarios para los argentinos, se da en un momento en el que Macri tiene la popularidad más baja de sus más de dos años de gobierno, ya que apenas si supera el 44 por ciento.
Las declaraciones de Bullrich no son nada alentadoras en un país en el que, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde que Macri asumió hubo un récord de 725 muertes por violencia institucional.
De acuerdo con los datos, más de una persona muere diariamente en Argentina ya sea en una represión policial, una persecución de alguna fuerza de Seguridad o en una prisión o comisaría.