"La decisión del Tribunal Superior (de Accra) es bienvenida. Es un signo positivo hacia el respeto del Estado de derecho", declaró a EFE Larissa Kajoue, investigadora sobre derechos LGBTI en África de la organización.
La experta destacó que "el presidente tiene derecho a tomar tiempo para analizar el proyecto de ley antes de validarlo o no" y que "esta no es la primera vez que un proyecto de ley permanece mucho tiempo en el gabinete presidencial".
"Si el presidente se atiene a los mismos principios, no firmará el proyecto de ley, al menos no tal como está. Pero sabemos que hay muchos desafíos políticos", añadió, al precisar que, según ONG locales, el texto requería ser editado y corregido.
En un fallo anunciado este lunes, la jueza Ellen Lordina Serwaa Mireku desestimó la petición presentada en marzo por un diputado, que buscaba forzar al presidente del Parlamento, Alban Bagbin, a entregar a Akufo-Addo el proyecto de ley, aprobado por la cámara en febrero.
Según la ley ghanesa, el presidente tiene siete días después de recibir la propuesta legislativa para decidir si lo acepta o no y catorce días para exponer los motivos de su decisión.
Pero, según reportan medios locales, la magistrada consideró que esa medida no sería apropiada, ya que el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del país, debe todavía resolver los recursos presentados por dos ciudadanos contra el llamado Proyecto de Ley de Derechos Humanos Sexuales y Valores Familiares.
A principios de marzo, Akufo-Addo, aseguró que esperará a que la corte se pronuncie sobre la norma antes de validarla durante un encuentro anual con miembros del cuerpo diplomático en el país.
Entonces, el presidente dijo ser consciente de los temores despertados por un posible empeoramiento de los derechos humanos y señaló que "no se contemplará ni se generará tal retroceso".
Días antes, el Ministerio ghanés de Finanzas alertó de que, de promulgarse, el proyecto legislativo privaría al país de unos 3.800 millones de dólares de asistencia financiera del Banco Mundial durante los próximos cinco o seis años y dificultaría su recuperación económica.
En un país donde el Código Penal -que data de la época colonial- criminaliza el "conocimiento carnal antinatural", esta ley endurecería las penas de cárcel hasta diez años para cualquier persona implicada en campañas de activismo a favor del colectivo LGBTI dirigidas a niños, una expresión tan poco precisa que no está claro si podría incluir incluso la educación sexual en colegios.
Asimismo, la norma impondría una pena de hasta tres años de cárcel para quien se identifique como miembro de esta comunidad y de hasta cinco por formar o financiar grupos LGBTI, además de promover que los ciudadanos denuncien ante las autoridades las prácticas homosexuales de sus vecinos.
El proyecto de ley ghanés, condenado por la ONU y países como Estados Unidos, se enmarca en una reciente escalada del discurso anti-LGBTI en África, donde se encuentran más de una treintena de los al menos 65 países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo.