En un informe, la organización advirtió al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y al Congreso del país que, si no toman medidas, "se perpetuará la impunidad de los abusos contra mujeres y niñas desplazadas y subsistirán los obstáculos que se interponen a su acceso a la atención médica básica".
HRW llegó a esa conclusión tras visitar entre diciembre de 2011 y octubre de 2012 cuatro ciudades colombianas -Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín- y entrevistar a 80 mujeres y niñas desplazadas, además de a 46 funcionarios del Gobierno y profesionales sanitarios y a otros 65 activistas de derechos humanos.
"En los casos examinados por Human Rights Watch, en general tanto el marco (jurídico) como las rutas de atención no se aplican adecuadamente, las víctimas no reciben la atención médica que por derecho les corresponde y los responsables no son llevados ante la justicia", indicó el informe.
La organización recordó que la violencia de género afecta a casi una de cada dos mujeres desplazadas, según datos de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (Usaid), y que, cuando éstas buscan justicia, encuentran retos como "el maltrato de algunas autoridades, las dificultades probatorias y el temor a represalias".
Varias mujeres y niñas consultadas por HRW afirmaron que los fiscales no habían tratado sus casos seriamente o las habían culpabilizado.
En otros casos las autoridades indicaron que no iniciarían acciones penales "a menos que presentaran pruebas físicas del abuso", lo cual "fue imposible debido a demoras en el acceso a los exámenes forenses" y, en la práctica, "contribuye a que mujeres y niñas renuncien a la justicia".
HRW denunció también "deficiencias" en la implementación de medidas de protección y en la entrega de asistencia humanitaria, que suele destinarse a la familia como unidad con el hombre como suscriptor, lo que hace que muchas mujeres decidan quedarse en "un hogar abusivo" para no perder beneficios "indispensables".
En cuanto a los servicios médicos, citó establecimientos de salud que "no implementan debidamente las leyes relevantes" y ofrecen un "examen inadecuado" para identificar signos de violencia de género, además de la "negación o demora arbitraria en la prestación de servicios esenciales".
Ante esos retos, la organización pidió a Santos que presente un "plan interministerial claro" para implementar medidas contra la violencia de género, y que lance una encuesta nacional "para determinar la magnitud de la violencia sexual vinculada con el conflicto armado" y la que sufren las personas desplazadas.
También instó al mandatario a crear "una comisión independiente integrada por representantes del Estado, incluida la Defensoría del Pueblo, y de la sociedad civil para efectuar una evaluación rigurosa de las prácticas que prevalecen en las instituciones" estatales dedicadas a responder al problema de la violencia sexual.
Recomendó además que Santos anuncie públicamente la lucha contra la violencia de género como una "prioridad" de su Ejecutivo y que dote de recursos suficientes a la Defensoría del Pueblo.
Por otra parte, HRW instó al Congreso colombiano a aprobar el proyecto de ley sobre acceso a justicia de las víctimas de violencia sexual y a actualizar el Código Penal para reflejar más tipos de abusos; y emitió recomendaciones para cada ministerio y agencia estatal que toque el problema en su actividad.