De acuerdo con la prensa local, para empezar, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo su Consell serán relevados y se nombrará a un representante que centralice las tareas, reveló la prensa local.
Estas decisiones culminarán con la celebración de elecciones en enero, como quiere el Partido Socialista Obrero Español, o en un plazo no inferior a seis meses como pide el Partido Popular.
En la exposición de motivos del escrito con las medidas se afirma que en la aplicación del artículo 155 se cumplen los dos requisitos que establece la Constitución:
"Que la Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y que actuase de forma que atente gravemente al interés general de España. Ambos concurren en el presente caso".
En esta exposición de motivos, el gobierno constata que ha habido una "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
El gobierno subraya que ha habido un "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado" de sus obligaciones constitucionales, a través de un proceso de secesión con "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, "afectando de manera grave al interés general de España".
En los motivos se señala que se respeta la existencia de la comunidad autónoma y sus instituciones, y se pretende restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad gubernamental y garantizar los derechos y libertades de todos los catalanes.
Entre los presentes en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros destacan Rajoy, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
