Para Bruselas, esa cantidad es "una parte clave del compromiso de las autoridades chipriotas para movilizar recursos internos" en la financiación del programa, según explicó el portavoz económico de la institución, Simon O'Connor, en la rueda de prensa diaria.
De esta manera, la CE insiste en esa condición, pese a que el responsable del banco central de Chipre, Panicos Demetriades, advirtiera hoy de que será imposible recaudar los 5,800 millones de euros requeridos por el Eurogrupo si el Gobierno deja exentos de gravamen a los pequeños ahorradores.
En el borrador que el Gobierno ha sometido a estudio de la comisión parlamentaria de Finanzas, se prevé dejar exentos de gravamen los depósitos inferiores a 20,000 euros, gravar con un 6.75 por ciento el tramo hasta los 100,000 euros y con un 9.9 por ciento los fondos que superen los 100,000 euros.
O'Connor recordó que, tal y como señaló el Eurogrupo el lunes, la medida debe tener "el mismo impacto financiero" aún si se trata de proteger a los pequeños ahorradores excluyéndolos del pago o reduciendo el porcentaje impositivo.
El portavoz subrayó que en este caso se ha tenido en cuenta el "tamaño desproporcionado del sector bancario en comparación con la economía chipriota y el tipo de sus responsabilidades", que hace que ésta sea "una situación totalmente única sin ningún tipo de paralelismo" en la Unión Europea (UE).
O'Connor recalcó además que la eurozona considera que el impuesto a los ahorradores con depósitos inferiores a 100,000 euros no vulnera la normativa europea sobre fondos de garantías de depósitos, porque "se trata de una medida fiscal" y esa medida cubre los ahorros en caso de "bancarrotas", lo que no es el caso en Chipre.
En cuanto a las críticas que ha desatado esta medida dentro y fuera de la isla, la CE defendió su actuación en las negociaciones y la del Eurogrupo.
El portavoz comunitario Olivier Bailly consideró "bastante normal" que haya discusiones entre los ministros, la CE, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en Bruselas y que luego éstas tengan que adquirir carácter político con el Parlamento Europeo y el país afectado.
"Esto demuestra que las discusiones y los acuerdos alcanzados -o partes de los mismos- entre los ministros y las instituciones correspondientes deben ser validados políticamente en un proceso democrático; no solo para tener una validez política, sino también para tener una garantía de cara a la implementación de los mismos", recalcó el portavoz.
"Cualquier otra cosa sería bastante chocante. No hay nada equivocado en el sistema. Se trata de acuerdos y después de discusiones a nivel nacional. El Eurogrupo reabrió ayer las discusiones para tener en cuenta las cuestiones surgidas en Chipre. Eso es bastante normal y lo contrario sería lo equivocado", indicó.
En cuanto al papel concreto que jugó la CE en las negociaciones del rescate de hasta 10,000 euros, Bailly dijo que ésta contribuyó a las conversaciones dentro de su rol como facilitador de las discusiones y de los acuerdos proveyendo asesoramiento técnico y después supervisando el acuerdo.