Cada año, cerca de 230,000 estudiantes e investigadores extracomunitarios se instalan temporalmente en la UE, "pero demasiados de ellos tienen que hacer frente a trabas burocráticas innecesarias", según dijo la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, al presentar la propuesta legislativa en rueda de prensa.
La nueva normativa fijará plazos más claros para que las autoridades nacionales tomen una decisión sobre las solicitudes, aumentará las oportunidades de acceder al mercado laboral de estudiantes e investigadores de terceros países y facilitará su circulación dentro de la UE, según explicó la comisaria.
Las normas actuales para conseguir un visado de estudiante o un permiso de residencia "son a menudo complejas y poco claras", y se basan en "largos procedimientos" que pueden variar de forma considerable entre los Estados miembros, subrayó Malmström.
"Esta situación impide que los Estados miembros reciban una mayor reserva de talento y reduce el atractivo de la UE como centro mundial de excelencia", señaló la comisaria, que añadió que algunos Estados miembros "sufren actualmente una carencia de trabajadores preparados" en determinados sectores.
Para lograr "reglas más claras, coherentes y transparentes", Bruselas propone modificar las dos directivas actuales sobre estudiantes y trabajadores y fusionarlas en una única normativa.
Entre otras novedades, se incluiría una "garantía procesal" de 60 días, un plazo máximo que las autoridades de los Estados miembros deberán cumplir a la hora de decidir sobre una solicitud de visado o un permiso de residencia.
En materia laboral, se permitirá a los estudiantes trabajar un mínimo de 20 horas a la semana para facilitar que puedan mantenerse económicamente.
Los investigadores y estudiantes también podrán permanecer en el territorio durante un periodo de doce meses en determinadas condiciones, una vez finalizados sus estudios o investigaciones, para buscar oportunidades de trabajo o crear una empresa.
Sin embargo, esto no supone un derecho de trabajo automático, ya que la concesión de un permiso de trabajo seguirá dependiendo de las autoridades nacionales.
Asimismo, se contempla la concesión de algunos derechos de circulación a los miembros de la familia de los investigadores con visado o permiso de residencia en la UE.
La protección normativa se ampliaría a otros grupos de ciudadanos de terceros países que actualmente no están cubiertos por la legislación actual, como los "au pair", escolares y becarios remunerados.
En 2011, unos 220,000 ciudadanos de terceros países entraron en la UE por estudios, intercambios, formación no remunerada o voluntariado, la mayoría de los cuales fueron a parar a Francia (64,794), España (35,037), Italia (30,260) y Alemania (27,568), según datos de la CE.
Ese mismo año, unos 7.000 investigadores de terceros países se instalaron en la UE, principalmente en Francia (2,075), Holanda (1,616), Suecia (817), Finlandia (510) y España (447).
La Comisión prevé que las nuevas normas entren en vigor en 2016, pero para ello deben ser antes aprobadas por el Parlamento Europeo y por los Veintisiete.