"Tenemos que tomar algunas medidas de seguridad, por lo que parte de nuestro personal extranjero abandonará Afganistán. No podemos seguir expuestos a un peligro que no comprendemos del todo", afirmó a Efe un portavoz del CICR en Kabul, Rabin Waudo.
La primera reacción del CICR tras el ataque en el que murió un guardia de seguridad y resultó herido un trabajador extranjero fue el cierre de la oficina de Yalalabad, el cese de las operaciones en Afganistán, y limitar los desplazamientos de todo su personal.
La condena internacional a la acción terrorista cometida contra la organización humanitaria no se hizo esperar e incluso los talibanes negaron a través de un comunicado su implicación en el ataque o su apoyo al mismo.
En la nota, un portavoz talibán, Muhamad Yousaf Ahmadi, aseguró que entre sus objetivos militares no se encuentran "los civiles que sirven al pueblo" y que, por el contrario, lo que hacen es "protegerlos por el bien de la nación".
El cierre del centro de Yalalabad ha afectado, sobre todo, a los pacientes que estaban siendo tratados en él.
El domingo, un centenar de manifestantes, muchos de ellos con graves minusvalías, reclamaron de manera pacífica y durante toda la mañana la reapertura de las oficinas del CICR atacadas.
La operación en Afganistán de la Cruz Roja es la de mayor envergadura que la organización efectúa en el mundo, con 1,800 colaboradores desplegados en más de 17 localidades de todo el país.
Casi doce años después de la invasión estadounidense que propició la caída del régimen integrista talibán y en pleno proceso de repliegue de las tropas extranjeras, la guerra afgana se halla en uno de los momentos más sangrientos. (EFE)