El fiscal Javier Zaragoza abrió el turno de acusaciones para presentar las conclusiones finales en el juicio contra los políticos catalanes que lideraron un proceso secesionista que culminó con una declaración ilegal de independencia el 27 de octubre de 2017.
Entre ellos se encuentra el exvicepresidente del Gobierno Catalán Oriol Junqueras, a quien el fiscal definió como "motor principal de la rebelión" y para el que pide 25 años de cárcel, y ocho miembros del gabinete que presidía el ahora prófugo Carles Puigdemont.
La Fiscalía acusa a nueve de esos políticos catalanes de un delito de rebelión, al considerar que usaron la violencia para llevar a cabo su propósito secesionista.
Zaragoza defendió la acusación de rebelión para los principales implicados porque ese tipo penal "no necesita violencia grave ni violencia armada"; el proceso independentista, dijo, fue "un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público", por lo que no puede ser considerado una sedición.
El Ministerio Público acusa de rebelión, un delito que lleva implícita la violencia, según la legislación española, mientras que la Abogacía del Estado se inclina por acusarlos de sedición, delito que conlleva una menor pena de cárcel.
El Fiscal denunció los intentos de convertir actos de violencia, intimidación y acoso en expresiones del derecho a reunión y manifestación cuando en realidad, según sus conclusiones, quedó probado que hubo "violencia física, compulsiva e intimidatoria".
Los hechos más graves se produjeron entre septiembre y octubre de 2017, ente ellos, el intento de impedir el registro judicial de la sede del departamento regional de Economía, la convocatoria y realización de un referéndum ilegal sobre la secesión y la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlamento Catalán.
Zaragoza dejó claro en su intervención que "la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que están defendiendo la Constitución", frente a las quejas de los acusados, que consideran que se conculcan sus derechos.
Los nueve acusados de rebelión se encuentran en prisión preventiva, pese a lo cual, cinco de ellos se presentaron a las elecciones legislativas, del pasado mes de abril, en la que cuatro fueron elegidos diputados y uno senador, y pudieron salir de prisión para tomar posesión del escaño, aunque después volvieron a la cárcel.
El Fiscal subrayó que la democracia española "no criminaliza a quienes defienden proyectos distintos a los planteados por la Constitución", y negó que se persiga "el voto", sino "inclumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales".