El juez José Castro, que instruyó el caso de corrupción del que es protagonista su marido, Iñaki Urdangarin, dictó hoy apertura del juicio oral y situó a ambos entre las 17 personas que serán juzgadas en un proceso que arrancará seguramente en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
La casa real española reaccionó con "respeto absoluto a la independencia del poder judicial", cuando se acaban de cumplir seis meses de la llegada al trono de Felipe VI. El miércoles por la noche pronunciará su primer discurso de Nochebuena como monarca y se espera que aluda a este asunto en consonancia con los aires de renovación y ejemplaridad que ha querido dar a la institución desde que relevó a su padre, Juan Carlos I.
El monarca ha establecido en este tiempo un cortafuegos en torno a su hermana para evitar que su reinado se vea afectado por un caso que hundió la imagen de la monarquía en la última etapa del de su padre y que muchos sitúan tras su decisión de abdicar en junio.
Desde su juzgado de instrucción de Palma de Mallorca, el juez Castro acusa a Cristina de Borbón, de 49 años, de cooperación necesaria en dos delitos fiscales cometidos presuntamente por su marido en 2007 y 2008 y le reclama además 2,6 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
Urdangarin, de 46 años, será juzgado por haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público junto a su ex socio en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro vinculada al mundo del deporte que fundaron juntos y en la que supuestamente el ex jugador de balonmano utilizó su condición de familiar del rey Juan Carlos para hacerse con contratos públicos.
El marido de la infanta está acusado de nueve delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, estafa y blanqueo de capitales. La fiscalía pide para él casi 20 años de cárcel.
Entre las 17 personas que estarán con él y con su mujer en el banquillo se encuentran su ex socio, Diego Torres, y el ex ministro y ex presidente del gobierno de las Islas Baleares Jaume Matas, que habría contratado al Instituto Nóos al margen de la ley.
La decisión del juez instructor de enviar a juicio a la hermana del rey no es recurrible pero su defensa busca ya resquicios legales en un último intento por evitarle el banquillo.
Miquel Roca, su principal abogado, apuntó en Barcelona a la llamada "doctrina Botín", que establece que la acusación popular no está legitimada a enviar un imputado a juicio contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, como es el caso.
El letrado, uno de los padres de la Constitución española y amigo del rey Juan Carlos, interpondrá por ello un recurso de apelación. "Se puede recurrir", respondió el juez Castro a las puertas del juzgado de Palma, "otra cosa es que se admita el recurso".
La infanta, retirada en Suiza junto a su marido y sus cuatro hijos desde hace más de un año, ha encajado "evidentemente mal" la decisión judicial, según su abogado. "Lógicamente se encuentra tan sorprendida como nosotros", dijo Roca.
En la opinión pública española, la decisión fue acogida con cierta satisfacción. Políticos y jueces destacaron además la independencia del magistrado en una actuación que, aseguraron, demuestra la igualdad de los ciudadanos ante la Justicia.
"Que la infanta Cristina sepamos hoy que va a estar sentada en el banquillo significa que la justicia es igual para todos", señaló el Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición. "Eso puede dar tranquilidad a todos los españoles".
El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy exigió por su parte respeto a la presunción de inocencia de la hermana de Felipe VI.
El "caso Nóos", primero con la imputación de Urdangarin y luego con la de la infanta, supuso el mayor golpe en los 38 años de reinado de Juan Carlos I. Ambos fueron apartados de la agenda oficial a finales de 2011, cuando se produjo la imputación del ex deportista.
Además, Cristina y su hermana, la infanta Elena, dejaron de formar parte de la familia real por deseo de su hermano poco después de su llegada al trono. Ambas son ya solo miembros de la familia del rey, lo que supone que no participan en actos oficiales ni reciben asignación alguna a cargo de los presupuestos generales del Estado.
Desde hace tiempo se especula con la posibilidad de que Cristina renuncie a los derechos dinásticos -ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión-, algo que quitaría presión al monarca. Pero la casa real no quiere presionarla por si no cede y eso se filtra, según medios españoles. Es una decisión "suya", reiteraron hoy fuentes de la casa real.(DPA)