Aung San Suu Kyi, que se encuentra en arresto domiciliario desde el golpe de Estado del 1 de febrero sin acceso a noticias de lo que ocurre en Birmania, se enfrenta a varios procesos acusada de cargos como importación de dispositivos electrónicos y revelación de secretos oficiales.
Diez semanas después de que arrancara el primero de los juicios, en el que en un principio la acusada comparecía sin abogados , la depuesta líder no ha podido reunirse cara a cara con su equipo de defensa, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones.
Uno de sus letrados, Khin Maung Zaw, reveló a Efe que durante la vista celebrada hoy en un tribunal de Naipyidó el juez preguntó a un policía en la sala si había comunicado a sus superiores la petición para organizar la reunión tanto de Suu Kyi como del presidente depuesto, Win Myint, con sus equipos de defensa.
El agente respondió que lo había hecho, pero que no había recibido respuesta, según relató Khin Maung Zaw en un mensaje.
Suu Kyi y su abogado presente en la sala repitieron la petición para poder celebrar la reunión con la defensa y el juez aplazó la vista hasta el próximo 10 de mayo.
Ni Suu Kyi ni Win Myint, que también está siendo juzgado ante el mismo tribunal, han podido reunirse con sus abogados desde que fueron detenidos el día del golpe de Estado, junto con gran parte del gabinete.
Según reveló el abogado, la líder depuesta no tiene acceso a la televisión o noticias por lo que cree que no es consciente de lo que está pasando en el país.
Las autoridades han presentado seis cargos contra la nobel de la paz, que también ha sido acusada de corrupción por los militares, aunque esta denuncia aún no ha sido formaliza por un tribunal.
El cargo más grave presentado contra la líder derrocada, que según reveló hoy su abogado "parece encontrarse en buen estado de salud", es el de violar la Ley de Secretos Oficiales, presentado el 1 de abril ante un tribunal de Rangún y que acarrea una pena máxima de 14 años de prisión.
Suu Kyi , de 75 años, se enfrenta además a varios delitos como importar ilegalmente walkie-talkies (aparatos portátiles que transmiten y reciben conversación), vulnerar las normas sobre la pandemia de la covid-19 y amenazar la seguridad nacional.
Las acusaciones han sido rechazadas con contundencia por los letrados de Suu Kyi, que pasó un total de 15 años bajo arresto domiciliario durante el anterior periodo de dictadura militar (1962-2011).
El proceso contra Suu Kyi y otros miembros del Gobierno electo se celebra en medio de las protestas que han sido violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, que han causado más de 750 muertos y detenido a más de 3.400 personas desde el 1 de febrero.
El pasado sábado, el jefe de la junta birmana, el general golpista Min Aung Hlaing, asistió a una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Yakarta, donde se comprometió a frenar la violencia contra los civiles y aceptar a un mediador para solventar la crisis.
Los birmanos continuaron hoy las protestas contra los golpistas y en favor de la liberación de los detenidos en diversas ciudades del país, donde expresaron su apoyo por el alternativo Gobierno de unidad nacional formado por demócratas.
El Ejército birmano justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que triunfó de modo aplastante el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.