La resolución, aprobada con 20 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones, decide la formación de este mecanismo de investigación con el mandato de "recolectar, preservar y analizar información y evidencias" sobre estas posibles violaciones de derechos humanos "identificando a sus responsables".
El documento expresa además su preocupación "por el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua", donde se ha producido "un aumento de las restricciones al espacio democrático y de la represión a la disidencia".