La ONU pide mayor compromiso a los Estados en la negociación de un tratado de comercio de armas

"No podemos permitir a unos pocos gobiernos mantener a la humanidad como rehén. Es una situación más terrible aún cuando se trata de gobiernos que han demostrado su voluntad de utilizar las armas contra su propio pueblo", dijo Salil Shetty.

La ONU pidió hoy un mayor compromiso a los Estados miembros para que el futuro Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que debe salir de una conferencia internacional el próximo julio, rebaje realmente "el elevado costo humano" que deja el suministro descontrolado de armas en el mundo.

Con motivo del cierre hoy en Naciones Unidas de la última sesión de preparación de esa conferencia internacional, varios directores ejecutivos de distintas agencias de la ONU lanzaron un conjunto de recomendaciones a los Estados miembros para que el futuro TCA logre unos mecanismos de regulación "efectivos" para el comercio de armas.

"El costo humano de los controles inadecuados que existen actualmente y el consecuente mal uso de las armas que conllevan es demasiado alto", dijeron en un comunicado conjunto la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, y la alta comisionada de Derechos Humanos, Navi Pillay, entre otros.

El texto, firmado también por el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres, y los responsables del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), propone varios puntos que el próximo TCA debe incluir.

Entre ellos destaca la llamada para que se requiera a los Estados que "analicen el riesgo de que se produzcan graves violaciones de las leyes humanitarias y de derechos humanos por el suministro de armas", así como la inclusión en el tratado "de todas las armas convencionales, incluidas las ligeras".

Piden también que en el tratado se incluyan todo tipo de transacciones relacionadas con armamento, "ya se trate de préstamos, operaciones de transbordo de armas o simplemente tránsitos" por distintos países antes de llegar al punto final.

Las recomendaciones de los expertos de la ONU se producen mientras culmina este viernes la última sesión preparatoria para la conferencia de la que tendrá que salir el TCA, en la que han participado representantes de los Estados miembros, así como numerosas organizaciones y representantes de la sociedad civil.

La organización Amnistía Internacional (AI) denunció que Egipto, Irán, Pakistán y Siria han intentado esta semana asegurarse el poder de veto al eventual acuerdo sobre el tratado, mientras que otros, como China, Rusia o Estados Unidos, intentan rebajar las salvaguardas que se quieren incluir en el texto para proteger los derechos humanos.

"No podemos permitir a unos pocos gobiernos mantener a la humanidad como rehén. Es una situación más terrible aún cuando se trata de gobiernos que han demostrado su voluntad de utilizar las armas contra su propio pueblo", indicó en un comunicado el secretario general de AI, Salil Shetty.

Esa organización se encuentra entre las que piden un tratado que evite el comercio internacional de armas donde "hay un riesgo sustancial de que se usen para cometer o facilitar graves violaciones de los derechos humanos", algo que algunos países tratan de evitar de cara a la conferencia del próximo julio.

Se calcula que cada año mueren 500,000 personas a causa del descontrol y la proliferación de las armas convencionales.

La Asamblea General de la ONU acordó en 2009 iniciar formalmente las negociaciones para elaborar un instrumento legal "firme y sólido" que regulara la exportación de armamento para 2012.

En las reuniones de esta semana en Nueva York participó también el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, uno de los principales defensores de que ese tratado se ponga en marcha y quien expresó en uno de los paneles que lo más importante es obligar a que el comercio de armas sea "transparente".

Entre los participantes en las reuniones se encontró también el director de la ONG española Fundació per la Pau, Jordi Armadans, quien apeló "al deber de la responsabilidad de los Estados" para que se apruebe "un tratado firme que permita evitar los graves impactos humanos de la actual desregulación", según un comunicado.