El informe, elaborado por el diplomático guatemalteco Gert Rosenthal, es el resultado de una investigación interna iniciada después de que la ONU fuera acusada de ignorar las señales que llevaron a lo que desde la propia organización fue calificado posteriormente como "genocidio intencional" contra los rohinyá.
El documento concluye que la acción de la organización se vio lastrada por la división estratégica de sus agencias y su incapacidad por conciliar los objetivos de desarrollo con los del respeto a los derechos humanos, situación que se vio magnificada por una "impropia lucha interna".
"Sin duda se cometieron errores serios y se perdieron oportunidades en el sistema de la ONU al seguir una estrategia fragmentada en lugar de un plan de acción común", escribió Rosenthal en el informe encargado por el secretario general, António Guterres.
"Incluso en el más alto nivel de la organización no había una estrategia común diseñada para apuntalar los pilares de Naciones Unidas", añadió.
La investigación revisa la actuación de Naciones Unidas en los años de la creciente represión contra la minoría rohinyá que culminó en 2017 con una ofensiva del Ejército birmano en el norte del estado Rakáin, en el oeste del país.
La campaña militar, en la que diversas organizaciones denunciaron numerosos abusos de los derechos humanos -incluidos asesinatos, violaciones y quemas de casas- llevó a más de 700,000 rohinyá a huir a Bangladesh, donde se aglomeran en el mayor campo de refugiados del mundo.
Rosenthal destacó la "responsabilidad compartida" en el ámbito de la ONU y evitó señalar a agencias o personas concretas, aunque abordó la controvertida actuación de la coordinadora residente en el país, Renata Lok-Dessallien, que fue retirada del cargo en 2017 tras ser acusada de quitar importancia a los abusos contra los rohinyá.
El excanciller guatemalteco subrayó que la coordinadora fue nombrada en 2014 con una agenda dirigida a impulsar el desarrollo del país, que un año más tarde eligió su primer gobierno democrático, el liderado por la nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, tras décadas de regímenes militares.
Pero añadió que a medida de que la preocupación por los derechos humanos fue ganando terreno se pudo cuestionar si su perfil, adecuado en las circunstancias de 2014, "seguía siendo relevante".
Además de la disfunción interna de la organización, el informe también señaló las dificultades a las que se enfrenta la ONU para imponer sus principios en países que invocan la soberanía y la no intervención en asuntos internos como cobertura para incumplir sus compromisos con los derechos humanos.
También recriminó la falta de acuerdo en el Consejo de Seguridad para imponer una "presencia imparcial" en el país que "hubiera ofrecido ciertas garantías a la minoría oprimida".
El informe fue criticado por Human Rights Watch (HRW), que a través de su subdirector en Asia, Phil Robertson, lo calificó como un "fiasco" y una "decepción" por "dar la culpa sin señalar a nadie".
"El informe parece cada vez más como un mero trámite para el secretario general, António Guterres, diseñado para mostrar compromiso con la rendición de cuentas cuando en realidad lo que consigue es justamente lo contrario", dijo Robertson en un comunicado.