La ONU y países europeos aumentan la presión sobre Bielorrusia en el Consejo de Derechos Humanos

"Es urgente que el Gobierno bielorruso ponga fin a las actuales violaciones de derechos humanos", subrayó la alta comisionada en un debate sobre la situación en ese país mantenido hoy en el Consejo de Derechos Humanos.

La expresidenta chilena aseguró que "en las últimas semanas ha habido un continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país" y pidió al régimen de Aleksander Lukashenko que entre otras cosas "libere de inmediato a todos los detenidos de forma injusta o arbitraria" y respete el derecho a la reunión pacifica.

Bachelet indicó que desde el inicio de las protestas en agosto más de 27.000 personas fueron detenidas, y sólo el mes pasado hubo más de 1.700 arrestos tras las protestas de los días 8, 15 y 30 de noviembre.

Subrayó que las autoridades están aumentando los castigos a los manifestantes, que en los primeros meses solían cumplir como máximo 15 días de detención administrativa, mientras que en las últimas semanas comienzan a aplicarse artículos del Código Penal que implican penas de prisión más largas.

La alta comisionada manifestó asimismo su preocupación por la continuada persecución a políticos opositores, periodistas, blogueros, abogados y defensores de derechos humanos, o el uso de violencia policial para dispersar las manifestaciones con el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y otras medidas "desproporcionadas".

Esta represión ha tenido como consecuencia la muerte de al menos cuatro manifestantes, recordó Bachelet, quien también mencionó denuncias de palizas a manifestantes en comisarías, centros de detención, o cuando eran transportados a esas instalaciones.

Lamentó, por otra parte, que el Gobierno bielorruso no haya permitido acceso al país a observadores de la oficina de la alta comisionada.

En el debate de hoy participaron los ministros de Exteriores de Ucrania, Polonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia, Rumanía y Dinamarca (en representación de los países nórdicos), quienes apoyaron las denuncias de Bachelet y en algunos casos pidieron la liberación de los presos políticos y la repetición de las elecciones de agosto.

"Las violaciones flagrantes de los derechos humanos en Bielorrusia no pueden dejarse sin castigo", señaló el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, quien también pidió que Moscú "se abstenga de interferir en los asuntos internos" del país vecino.

El embajador bielorruso ante Naciones Unidas en Ginebra, Yury Ambrazevich, argumentó que no era razonable llevar a debate la situación de su país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "cuando sigue habiendo catástrofes humanitarias y guerras en otras naciones".

Añadió que "en muchas autodenominadas democracias desarrollados se llevaron a cabo manifestaciones donde la violencia policial se produce con regularidad", y puso como ejemplo los enfrentamientos que hubo recientemente en Alemania durante protestas en contra de las limitaciones dictadas ante la pandemia de COVID.

El embajador bielorruso pidió a la Unión Europea que "vuelva a la lógica de la no intervención" y criticó a países vecinos como Lituania, Polonia o Ucrania, que "quieren resolver sus problemas a costa de los vecinos".

En el debate, Bielorrusia recibió el apoyo de países como Cuba, Venezuela o Rusia, delegación esta última que insistió en el doble rasero de la comunidad internacional, tras denuncias de violencia policial en países como Alemania o Francia.

"Hay que preguntarse quién sale ganando con el aumento de las tensiones en Bielorrusia, hay quien quiere que el país acabe desgarrado por sus contradicciones internas", señaló el representante ruso, quien comparó esta situación con la ocurrida en años recientes en Ucrania.