"La tragedia podía haberse evitado si las partes implicadas (en el suceso) hubieran cumplido con sus roles", asegura la agencia local Sapa que dijo el abogado que representa a la Policía de Sudáfrica (SAPS), Ishmael Semenya, durante su declaración de la jornada de hoy del juicio de la comisión de investigación.
Según el letrado, las pruebas demostrarán que los mineros en huelga, trabajadores de la mina de platino de Lonmin, junto con los sindicatos y el departamento de recursos minerales de Sudáfrica podían haber impedido la muerte de las 46 personas que fallecieron en incidentes violentos durante las seis semanas de huelga.
Semenya señaló que Lonmin, la empresa propietaria de la mina, se mostró inconsistente en cuanto a su postura durante las negociaciones mantenidas con los sindicatos, puesto que el pasado mes de julio estaba dispuesta a negociar, pero en agosto, después de iniciarse la huelga, no lo estaba.
"Es posible que este enfoque incoherente enviara un mensaje equivocado a los trabajadores", afirmó Semenya.
"Los trabajadores creían que podían conseguir mucho más con una protestas violenta. Fue Lonmin la que causó (el problema)", sentenció.
Además, el abogado señaló que la compañía no hizo lo suficiente para proveer a sus trabajadores de un alojamiento adecuado, como marcan los estatutos de minería, mientras que el departamento de recursos minerales de Sudáfrica no forzó la implementación de los mismos.
Por otra parte, el representante de la Policía Sudafricana planteó que los líderes de dos de los sindicatos rivales que representaban a los mineros hicieron "nada o muy poco" para tratar de "calmar la situación".
"Los sindicatos tienen la obligación moral de infundir disciplina entre sus miembros", agregó Semenya.
La comisión de investigación reanudó hoy sus actividades, con las que se trata de esclarecer las circunstancias de las muertes de 46 personas durante 6 semanas de huelga minera, y especialmente de la masacre de Marikana del pasado 16 de agosto, en la que 34 mineros murieron por disparos de la Policía durante una protesta.
La comisión judicial tiene un plazo de cuatro meses para investigar los acontecimientos, así como para determinar las responsabilidades de la compañía minera Lonmin, propietaria de la explotación en la que se produjo la huelga, los sindicatos sudafricanos, la Policía y los propios trabajadores.
La huelga de Marikana hizo revivir a Sudáfrica los episodios más violentos del apartheid, el régimen de segregación racial impuesto por la minoría blanca sudafricana hasta 1994.
