En la primera rueda de prensa desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, el portavoz del Ejército, Zaw Min Tun, indicó que los manifestantes antijunta también están amenazando a los funcionarios a unirse al movimiento de desobediencia civil.
Zaw Min Tun volvió a justificar el levantamiento militar por el supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre y reiteró la promesa de celebrar nuevas elecciones y ceder el poder al ganador en el margen de un año, informó al cadena BBC.
La comparecencia se celebró en la capital, Naipyidó, donde muchos medios locales decidieron no acudir en señal de protesta por contra los militares, que ya gobernaron con puño de hierro el país entre 1962 y 2011.
Las declaraciones de los militares se producen después de que las fuerzas de seguridad han sido criticadas por la ONU y otros países por el excesivo uso de fuerza, incluidos cañones de agua y munición de goma y real, para dispersar las protestas.
NUEVOS CARGOS CONTRA SUU KYI
La Policía birmana presentó este martes un nuevo cargo contra Suu Kyi por vulnerar supuestamente la ley de desastres naturales, según confirmó a Efe su abogado, Khin Maung Zaw.
La nobel de la paz y consejera de Estado, bajo arresto domiciliario desde el golpe militar, fue acusada el 3 de febrero por importación ilegal de un dispositivo telefónico, lo que acarrea una pena máxima de tres años de prisión.
El presiente, Win Myint, también bajo arresto, está acusado de quebrantar las medidas de distanciamiento social impuestas por las pandemia al organizar un acto electoral al que asistieron más de 30 personas.
PROTESTAS EN RANGÚN Y OTRAS CIUDADES
Según el medio Myanmar Now, la policía usó hoy cañones de agua y disparó munición de goma contra unos manifestantes en Myaung Mya, situada a unos 184 kilómetros al suroeste de Rangún, la ciudad más poblada y el centro económico del país.
Otras protestas en Rangún, aunque menos numerosas que otros días, se concentraron cerca Banco Central, las oficinas de Naciones Unidas y la Embajada de Estados Unidos, entre otros lugares.
Las manifestaciones contaron con la presencia de monjes, quienes portaban pancartas contra el golpe militar, lo que a muchos recuerda a la conocida como Revolución Azafrán de 2007 contra los militares que estuvo liderada por los bonzos budistas.
Muchos asistentes llevan carteles de Suu Kyi, de 75 años y que ya pasó 15 años bajo arresto domiciliario durante la anterior junta militar, mientras que otros se han rebelado sumándose al movimiento de desobediencia civil.
Tanto Naciones Unidas como Estados Unidos y la Unión Europea han pedido la liberación de los detenidos en Birmania y que se restaure el Gobierno elegido en las urnas el pasado noviembre, al tiempo que han exigido que se respete el derecho a la protesta pacífica.
La viceportavoz de la ONU, Farhan Haq, dijo hoy que la enviada especial de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, mantuvo una conversación telefónica con el número dos de la junta birmana, Soe Win, para pedirle que se respete el derecho de los manifestantes.
"Ella ha expresado a los militares birmanos que el mundo está atento y cualquier respuesta excesiva (a las manifestaciones) tendrá probablemente consecuencias serias", dijo Haq, según un comunicado de la ONU.
APAGONES DE INTERNET
Los birmanos también temen que esta noche se vuelva a producir un apagón de internet, como los provocados por las autoridades en las dos noches pasadas y también en los pasados días 1 y 6 de febrero.
La junta militar también ha bloqueado redes sociales como Facebook y Twitter, aunque muchos se saltan la prohibición a través de programas VPN, a la vez que ha reformado las leyes para restar derechos fundamentales y permitir detenciones arbitrarias.
La junta militar, encabezada por el jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre en los que la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, arrasó, como ya hizo en 2015.
Un total de 426 personas han sido arrestadas desde el levantamiento militar, de los que 391 siguen detenidos, según los últimos datos recogidos por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).