Este jueves por la noche, el Gobierno maltés accedió a permitir que más de 60 migrantes desembarcasen el país, pero posteriormente comunicó que sería la última vez que lo haría durante la crisis de la COVID-19.
Las Fuerzas Armadas de Malta habían estado vigilando el bote que se encontraba en la zona del SAR maltesa durante algún tiempo y después de acompañarles a puerto emitió una nota en la que aseguraba que "no se permitirá ningún otro desembarco de inmigrantes en Malta, independientemente de la ONG o el barco en el que se encuentren. Malta no puede garantizar los recursos para rescates masivos".
En la nota se afirma, dado que se ha declarado el estado de emergencia, permitir desembarcos de migrantes anularía todo el trabajo de precaución que se realiza en el país.
"Malta no está en condiciones de ofrecer un lugar seguro para estos inmigrantes, especialmente en un momento de grandes desafíos en el sector de la salud y la aplicación de la ley. La situación actual requiere que todos los recursos locales, incluidas las Fuerzas Armadas, se centren en la lucha contra la propagación del coronavirus", añadieron.
La nota agrega que "a pesar de nuestros recursos limitados y nuestro pequeño tamaño como el Estado miembro más pequeño de la Unión Europea (UE), Malta proporcionó un refugio para miles de personas. Pero ahora, Malta no tiene más remedio que tomar decisiones que reflejen las circunstancias extraordinarias en la actualidad".
Malta ha también escrito a la Comisión Europea para motivarles esta decisión, según adelantaron los medios del país.
La misma medida fue tomada el 8 de abril por el Gobierno italiano que en un decreto interministerial firmado por los titulares de Exteriores, Luigi Di Maio; Interior, Luciana Lamorgese; Infraestructuras, Paola De Micheli; y Sanidad, Roberto Speranza, se declara que actualmente sus puertos "no presentan los requisitos sanitarios" exigidos por el Convenio de Hamburgo para acoger a los rescatados en el mar.
En el decreto se explica que se basa "en los principios de protección de la salud de los pasajeros y de igualdad de trato con los ciudadanos italianos", que no pueden moverse en el país por las medidas de bloqueo y confinamiento.
El decreto llegaba justo después de que el 6 de abril el barco Alan Kurdi de la ONG alemana Sea Eye rescatase a unas setenta personas y posteriormente a otras 80 en una segunda operación por lo que se encuentra ahora con 150 inmigrantes a bordo.
La organización española Open Arms, la alemana Sea Watch, la italiana Mediterranea y Médicos Sin Fronteras expresaron en un comunicado conjunto la preocupación por el "cierre de puertos" a las personas salvadas.
Y acusaron al Ejecutivo italiano de "instrumentalizar la situación de emergencia sanitaria para cerrar sus propios puertos a las personas salvadas en el mar por barcos extranjeros".
El Alan Kurdi se encuentra en proximidades de la isla italiana de Linosa en espera de saber qué ocurrirá visto que los dos países cercanos han cerrado los puertos.