La marcha, que arrancó en la Universidad de El Salvador (UES) y llegó al Congreso, se realizó en respuesta a un acuerdo alcanzado el lunes en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa que busca incluir a representantes del sector agropecuario e industrial en la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
La protesta, organizada por la UES con el apoyo de diversas asociaciones, estuvo encabezada por el rector del centro de estudios superiores, Roger Arias, quien pidió a los salvadoreños que salgan a las calles hasta lograr que el agua sea reconocida como un derecho humano bajo gestión pública.
"El llamado es a todos los salvadoreños para que salgamos a las calles y defendamos nuestro derecho humano al agua y el futuro de nuestras familias", insistió Arias, quien efectuó el recorrido acompañado de jóvenes universitarios y miembros de sindicatos de la UES que se unieron a la protesta.
Al término de la marcha, un grupo de organizadores intentaron entrar en el Congreso, pero no fue posible, ya que los miembros de seguridad del órgano de Estado cerraron las puertas del edificio.
Además, ante la convocatoria de la manifestación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, decidió suspender la sesión plenaria de este miércoles "para salvaguardar la integridad de los empleados, visitantes y diputados".
"Tomando en cuenta los antecedentes de marchas previas y con el objetivo de salvaguardar la integridad de empleados de la Asamblea, visitantes y diputados, se suspende la sesión plenaria de este día", comunicó Quijano a través de su cuenta de Twitter.
El político, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), se refirió así a los disturbios que se generaron en junio pasado al concluir otra marcha en defensa del agua como bien público, cuando un grupo de personas trató de entrar por la fuerza en el Congreso, sin que los incidentes hayan tenido mayores consecuencias.
La decisión de Quijano fue duramente criticada por los manifestantes, quienes mostraros su rechazo a la medida de suspensión de la sesión y cierre de los accesos al Congreso.
El acuerdo legislativo que despertó el recelo de una parte de la población forma parte de un anteproyecto de ley del agua, que debe ser discutido en su totalidad y pasar al pleno de la Asamblea para su aprobación.
La iniciativa tuvo los votos favorables de representantes de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).
Los dos diputados del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se opusieron a la iniciativa, mientras que otro legislador de GANA se abstuvo.
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, llamó el martes a la Asamblea Legislativa "a escuchar el clamor del pueblo y a no aprobar una ley que privatice la gestión del agua", a través de un mensaje en Twitter en el que también rechazó "contundentemente cualquier tipo de privatización de este bien público".
Según una publicación del Congreso, el diputado de GANA Adelmo Rivas señaló el lunes que "la correlación de la autoridad hídrica quedaría favorable al Estado, pues el sector privado tendrá únicamente a dos representantes, mientras que del sector estatal estarán cinco".
No obstante, Rivas dijo este martes en una rueda de prensa que su partido -minoritario con 10 de los 84 escaños del Congreso- rechaza el acuerdo, porque "el agua no puede estar en manos de privados", pese a que admitió que votó para permitir la participación del sector agropecuario en el ANA.
El Congreso salvadoreño lleva años intentando aprobar una llamada Ley General de Aguas en medio del rechazo de diversos sectores de la sociedad, entre ellos la Iglesia Católica, que denuncian una supuesta intención de privatizar el servicio, lo que ha llevado a la realización de decenas de manifestaciones de calle.