Nueva York pagará miles de dólares a manifestantes acorralados por la Policía

La ciudad de Nueva York ha aceptado pagar 21,500 dólares a cada uno de los varios centenares de manifestantes que fueron acorralados, y en muchos casos golpeados o rociados con gas lacrimógeno, antes de ser detenidos por la Policía durante una protesta en 2020 a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un agente.

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Un miembro de la Policía de Nueva York, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Justin Lane

La Alcaldía neoyorquina ha alcanzado un acuerdo para poner fin a una demanda colectiva presentada por los afectados y que fue remitido a última hora de este martes al tribunal encargado del caso, que aún deberá aprobar los términos pactados por las dos partes.

Según el acuerdo, unas 320 personas pueden optar a esta compensación, aunque algo menos de un centenar podrían quedar excluidos por haber pactado por su cuenta otro tipo de indemnización.

Así, se espera que en total la ciudad de Nueva York desembolse varios millones de dólares para cerrar este caso, que se suma a muchos otros en los que las autoridades de la Gran Manzana se han visto obligadas a pagar importantes cantidades de dinero por casos de violencia o abusos policiales.

La protesta en cuestión tuvo lugar en el distrito de El Bronx en junio de 2020, en el momento álgido de las masivas manifestaciones contra el racismo y la violencia policial que se vivieron por todo Estados Unidos después de la muerte de Floyd.

El hombre perdió la vida en Minneapolis (Minnesota) después de que un agente presionara la rodilla contra su cuello durante más de nueve minutos al intentar detenerlo por haber utilizado un billete falso para pagar en una tienda.

En Nueva York, las protestas desembocaron en algunos casos en saqueos y destrucción de propiedades que llevaron a las autoridades a decretar un toque de queda nocturno y que resultaron en duras cargas policiales en varias ocasiones, incluidas contra manifestantes pacíficos.

En el caso de la manifestación de El Bronx, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) denunciaron que la Policía cometió graves abusos al planear esta operación para llevar a cabo arrestos masivos, acorralando a los manifestantes de forma que no pudieran dispersarse antes del toque de queda y actuando con excesiva dureza contra personas que únicamente estaban ejerciendo su derecho a protestar.