"Los agentes de seguridad deben ser investigados por la presunta comisión de violaciones graves a los derechos humanos, ante indicios de ejecuciones extrajudiciales", señalaron una veintena de organizaciones no gubernamentales en un comunicado difundido ayer jueves.
El lunes, Pérez, un expolicía que se alzó contra el gobierno de Nicolás Maduro en medio de las protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio del año pasado- fue acorralado junto con sus hombres en una casa a 25 kilómetros de Caracas y en videos que difundió en redes sociales acusó a las autoridades de querer matarlos pese a que estaban dispuestos a entregarse.
Pérez, exinspector del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalística (CICPC), saltó a la fama el pasado 27 de junio cuando tomó un helicóptero que voló hacia el ministerio de Interior en Caracas, y disparó en 15 ocasiones.
Luego se dirigió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, donde sesionaba la Sala Consitucional, y también disparó además de que lanzó cuatro granadas.
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) calificó de "horrible masacre" la operación de comandos militares en la que murieron siete miembros del grupo rebelde encabezado por el expolicía Óscar Pérez.
La CEV denuncia la horrible masacre evidenciada en las ejecuciones extrajudiciales y muertes de civiles en acciones perpetradas por fuerzas militares, el 15 de enero, en la que perdieron la vida un grupo de personas en la búsqueda de Oscar Pérez.
La CEV exigió al Estado que los hechos sean investigados con la mayor prontitud y objetividad, con la participación de todas las instancias públicas competentes.
Por su parte, las ONG´s pidieron también a las instituciones del Estado "garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a la vida, debido proceso, y la reparación adecuada de las víctimas y sus familiares".
Además, denunciaron que durante la operación, realizada por comandos especiales de la policía y la Fuerza Armada en la localidad de El Junquito, a las afueras de Caracas, no participaron fiscales ni defensores públicos.
"La ausencia de fiscales y defensores en el procedimiento, el uso de armas de guerra (...) evidencian la ausencia de garantías para preservar la vida e integridad física de los involucrados", añade el comunicado.
En la operación del pasado lunes murieron Óscar Pérez y seis de los miembros de su grupo, así como dos agentes de la policía.
En videos difundidos en Instagram, el exagente de la policía científica aseguraba que él y su aliados estaban dispuestos a entregarse, sin embargo, el gobierno señala que el grupo "terrorista" abrió fuego contra las autoridades.
Pérez, de 36 años, fue declarado como "el criminal más buscado" de Venezuela tras dirigir el pasado 27 de junio un ataque a edificios gubernamentales desde un helicóptero.
El pasado 18 de diciembre también comandó el asalto a un cuartel de la Guardia Nacional, en el que logró sustraer 26 fusiles rusos y municiones.
Las ONG´s, entre las que están Provea, Espacio Público, Acceso a la Justicia, Observatorio Venezolano de Conflictivdad Social y Transparencia Venezuela, piden a las autoridades entregar los cuerpos de Pérez y sus colaboradores a sus familiares.