Según un memorándum obtenido por la radiotelevisión pública canadiense, CBC, y presentado por los abogados del Gobierno canadiense ante los tribunales de Quebec, Ottawa señaló que sería "ilegal e inconstitucional" la secesión de la provincia sin cambiar la Constitución.
En respuesta al memorándum, el parlamento provincial de Quebec, la Asamblea Nacional, aprobó este jueves una moción del separatista Bloque Quebequés (BQ) que "condena" la posición del Gobierno canadiense.
La Asamblea Nacional "condena la voluntad del Gobierno canadiense de socavar el derecho inalienable del pueblo de Quebec a elegir libremente el estatus político de Quebec al condicionarlo a una enmienda a la constitución canadiense".
El caso se remonta al año 2000 cuando Ottawa aprobó la llamada Ley de la Claridad que señala que el Parlamento canadiense decidirá si la cuestión planteada en un posible referendo separatista es suficientemente clara y también tiene que decidir si el resultado representa "una mayoría clara".
En respuesta a la Ley de la Claridad, el Gobierno de Quebec aprobó ese mismo año la llamada Ley 99 que estipula que los quebequeses tienen el derecho a decidir si se quieren separar de Canadá y que solo es necesario el 50 % más uno de los votos emitidos en un posible referendo para la secesión de la provincia.
La constitucionalidad de la Ley 99 fue cuestionada ante los tribunales por un pequeño grupo unionista de Quebec, ya desaparecido. Al caso se unió en 2013 el Gobierno federal que cuestionó varios artículos de la ley, incluido el que señala que sólo es necesario el 50 % más uno de los votos emitidos.
En abril de 2018, el Tribunal Superior de Quebec determinó que la Ley 99 es constitucional en su totalidad por lo que los abogados del Gobierno canadiense han apelado la decisión.
La vista de la apelación está previsto que se celebre en 2020 pero todas las partes han tenido que enviar al tribunal escritos de defensa de sus posiciones.
Según CBC, el Gobierno federal remitió el pasado 20 de febrero un memorándum de 100 paginas cuyo contenido se conoció hoy y que se basa en la decisión de 1998 del Tribunal Supremo de Canadá que indicó que "la secesión de una provincia de Canadá debe ser considerada, en términos legales, requiriendo una enmienda a la Constitución, lo que necesariamente exige una negociación".
En declaraciones a CBC, el Ministerio de Justicia de Canadá, señaló que la posición del Gobierno y el fiscal general es que "la Ley 99 sólo es constitucional si se interpreta de acuerdo en el marco de la constitución de Canadá y de los poderes legislativos de Quebec".
El líder provisional del PQ, el partido que cuando estaba en el Gobierno de Quebec en el año 2000 aprobó la Ley 99, Pascal Bérubé, dijo que "no es verdad que las provincias de Canadá decidirán el futuro de Quebec".
Por su parte, el líder del Bloque Quebequés (BQ), el partido que representa al PQ en el Parlamento federal, Yves-Francois Blanchet, dijo que "los quebequeses son los únicos que deben decidir sobre la independencia. El único permiso necesario es el de la población de Quebec".
Quebec ha celebrado dos referendos independentistas, en ambas ocasiones bajo gobiernos del PQ, en 1980 y 1995. Este último fue ganado por los partidarios de la permanencia en Canadá por sólo unas décimas.
Tras el referendo de 1995, el Gobierno canadiense aprobó la Ley de la Claridad tras solicitar la opinión del Tribunal Supremo de Canadá sobre la legalidad de la separación de una de las dos provincias que forman parte del núcleo original del país norteamericano.