Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Wang Wenbin, citado por la prensa local, la decisión de Camberra es un "paso hacia atrás" que deteriorará todavía más los maltrechos lazos entre ambos países.
El Gobierno de Australia ejerció por primera vez los poderes para vetar acuerdos entre las jurisdicciones del país y naciones extranjeras, alegando que defiende el interés nacional y que la firma de esos acuerdos suponía "inconsistencias" con la política exterior marcada por Camberra.
Los acuerdos en cuestión son memorandos de entendimiento suscritos en 2018 y 2019 aunque, según la prensa australiana, no comprometen a las autoridades regionales de Victoria a llevar a cabo proyectos específicos y no son legalmente vinculantes.
No obstante, China ha presentado "quejas formales y firmes" ante las autoridades australianas, a las que exigen que den marcha atrás en su decisión al considerar que los acuerdos entre Pekín y la región del país insular son beneficiosos para ambas partes.
Según Wang, la postura de Camberra es "muy poco racional" y "sabotea deliberadamente" la cooperación y la confianza entre ambos países: "Es una nueva confirmación de que Australia no tiene sinceridad alguna a la hora de desarrollar las relaciones bilaterales (con China)".
"Nos reservamos el derecho a responder", insistió el vocero, quien denunció que las autoridades australianas han revisado más de 1,000 acuerdos internacionales y revocado solo cuatro, "de los que dos están relacionados con China".
El incremento de las tensiones entre estos dos países ha desembocado en un conflicto comercial tras la imposición, por parte de Pekín, de aranceles a varias exportaciones australianas al gigante asiático.
Un alto cargo de la embajada china en Camberra culpó recientamente de esta coyuntura negativa a la decisión, en 2018, del Gobierno australiano de excluir a la empresa china de telecomunicaciones Huawei de sus redes de quinta generación (5G).
La nación oceánica aprobó una serie de leyes para bloquear la supuesta injerencia extranjera en la política y economía del país, sin citar directamente a China, sobre quien recaen sospechas de posibles ataques informáticos contra universidades y entes gubernamentales.