En declaraciones al diario local La Prensa, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Gabriel Diez, dijo que si el Gupc piensa finalizar el proyecto “que le ponga fecha de cumpleaños” si en realidad pretende concluirlo.
Por su parte, el empresario José Chen Barría, ex contralor de la república, opinó que es necesario “rescindir el contrato con Gupc y no perder tiempo en procesos dilatorios que atrasarían más la obra”.
Según recordó, la ampliación del Canal es el “proyecto símbolo y de orgullo de los panameños”. Fue aprobado en un referendum el 22 de octubre de 2006, con la participación del 41.9 por ciento de la población electoral. El resultado de la consulta fue 78.3 por ciento de votos a favor y 21.6 por ciento en contra.
Chen Barría solicitó a la entidad canalera que ejecute la fianza de garantía del contrato vigente y termine la construcción del tercer juego de esclusas, ante desplantes del consorcio que ponen en riesgo la expansión de la vía interoceánica.
Un movimiento de Jubilados Canaleros por la Defensa del Canal anunció protestas este domingo en un área contigua a la ACP, en el sector de Balboa, para exigir al Gupc que cumpla el contrato, que alcanza los 3,200 millones de dólares.
Los pedidos para que la ACP adopte acciones enérgicas contra el Gupc se acentuaron después de que la empresa española Sacyr, líder del consorcio, publicara en el diario español El País un documento en el que pide un año y cuatro meses más para concluir las obras.
Además de Sacyr, el Gupc está integrado por la compañía italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A. (Cusa). El consorcio reclama a la ACP el pago de 1,600 millones de dólares en imprevistos o un significativo adelanto de fondos, para evitar la suspensión del proyecto.
El Gupc aduce que la ACP no suministró toda la información de suelos en una extensa área afectada por fallas geológicas. Un documento del consorcio planteó que las fallas se extienden a lo largo de 2.5 kilómetros de las esclusas del Pacífico, lo que ha elevado los costos del proyecto.
Asimismo, resaltó que “las fallas y microfallas afectaron el basalto necesario para hacer el concreto estructural requerido para las esclusas” en la vía acuática.
Los argumentos del Gupc son cuestionados por el administrador de la ACP, Jorge Quijano, quien instó a las empresas del grupo a cumplir las condiciones establecidas en el contrato y asumir su compromiso frente a la comunidad marítima internacional.
Tras el estancamiento de negociaciones realizadas con la mediación del gobierno de España, Quijano instó al consorcio a que recapacite. Reseñó que la ACP está preparada para asumir la construcción del tercer juego de esclusas y concluir las obras en 2015.