Presentan "pruebas crecientes" de genocidio contra rohingya en Myanmar

La organización defensora de los derechos humanos Fortyfy Rights demandó hoy a la comunidad internacional poner fin a la violencia contra la minoría musulmana rohinya, tras presentar "pruebas crecientes" de genocidio en el estado de Rakhine, en el oeste de Myanmar.

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"Los rohingya han sufrido ataques y violaciones sistemáticas durante décadas, y la comunidad internacional no debe fallarles ahora cuando su propia existencia en Myanmar está amenazada", dijo Cameron Hudson, director del Centro Simon-Skjodt para la Prevención del Genocidio en el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos.

"Sin una acción urgente, existe un alto riesgo de más atrocidades masivas", advirtió.

En un nuevo informe, Fortyfy Rights documentó "ataques generalizados y sistemáticos contra civiles rohinya" en las dos operaciones que el ejército birmano lanzó tras asaltos armados de rebeldes de esta minoría en octubre de 2016 y agosto de 2017.

La investigación, basada en más de 200 entrevistas a testigos y supervivientes, y realizada conjuntamente con el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos, denuncia que los militares asesinaron en masa a civiles rohingya.

"Intentaron matarnos a todos", afirmó "Mohammed Rafiq", de 25 años, de la aldea de Min Gyi en el municipio de Maungdaw, tras recordar cómo los soldados acorralaron a los aldeanos en un grupo y abrieron fuego contra ellos el 30 de agosto de 2017.

"No quedaba nada. Las personas recibieron disparos en el pecho, el estómago, las piernas, la cara, la cabeza, en todas partes ".

Según los testigos, los militares degollaron, decapitaron o quemaron vivos a civiles, dispararon desde helicópteros o a poca distancia contra personas que huían, y violaron a mujeres y niñas, entre otros abusos.

"Estos crímenes aumentan con la impunidad y la inacción", denunció el director ejecutivo de la organización, Matthew Smith, en un comunicado.

El informe propone a la comunidad internacional varias medidas para poner fin a la violencia, incluidas sanciones contra individuos responsables por los crímenes, el embargo de armas a Myanmar y trasladar el caso a la Corte Penal Internacional.

"No basta con condenas. Sin una acción internacional urgente para que se rindan cuentas es probable que hay más asesinatos en masa", añadió Smith.

El gobierno de Myanmar tiene la responsabilidad de detener las atrocidades perpetradas por las fuerzas de seguridad birmanas, los perpetradores civiles y los militantes y responsabilizar a los perpetradores.

El ejército birmano negó haber cometido abusos contra los rohingya durante su campaña en Rakhine, pese a que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU la calificó como una "limpieza étnica de manual".

Esta última ofensiva militar llevó a más de 600 mil personas a huir de Rakhine, donde antes de esta última crisis vivía un millón de rohingya, y a refugiarse en campos en Bangladesh.

Unos 120 mil rohingya más se encuentran hacinados en una treintena de campos de desplazados en Rakhine desde el brote de violencia sectaria de 2012 entre esta minoría y la mayoría budista de este estado.

Myanmar no reconoce la ciudadanía a los rohingya, a los que considera inmigrantes bengalíes, y les somete a una discriminación creciente, incluidas restricciones a la libertad de movimientos.

Fuente: Notimex