“Es claro que el gobierno trata de establecer condicionamientos, que impidan la realización de lo concertado bilateralmente, manipulando versiones ante la opinión pública e incumpliendo lo pactado. En últimas, Santos sigue optando por una táctica de dilatar, desgastar e incumplir, para renegociar lo acordado”, señaló el ELN.
En un balance que el grupo rebelde hizo del proceso durante 2016, mencionó que el objetivo es una negociación de “no sometimiento o imposiciones unilaterales, sino de buscar aproximaciones, construcción mutua y concertada con la sociedad, con el propósito de acordar los cambios, que nos permitan construir un proceso de paz justo”.
La mesa de negociación en su fase oficial y pública está programada para el 10 de enero en Quito, Ecuador, pero Santos exige que para iniciar los diálogos el ELN tiene que dejar en libertad a todos los secuestrados que tiene en su poder y en particular al excongresista Odín Sánchez.
La liberación de Sánchez y de los otros rehenes es uno de los inamovibles que tiene el gobierno de Santos, y que ha recibido el apoyo de diferentes sectores de la sociedad civil colombiana.
“Es indiscutible que 2016 fue un año significativo en la historia colombiana, porque la guerrilla de las FARC firma un acuerdo de dejación de armas y pasan a convertirse en una organización política legal, y, este hecho le permite al presidente Santos obtener el premio Nobel de la Paz”, recordó el ELN.
A pesar de este acuerdo de paz, en Colombia “persisten las causas que originaron y exacerban el conflicto social y armado. El régimen se mantiene intacto y la guerra estatal sigue con toda su intensidad, ensañándose contra el pueblo”.
Con el ELN, se ha llevado a cabo “un proceso diferenciado al de FARC y después de muchos incumplimientos y dilaciones del gobierno, finalmente el 30 de marzo de 2016, se hace el anuncio de la terminación de la fase confidencial, se dan a conocer los seis puntos del Acuerdo de Agenda y se anuncia el pronto inicio de la fase pública”.
Santos, planteó la “exigencia unilateral de liberar a los retenidos, que no se pactó en las negociaciones formales entre las partes, congelando así la posibilidad de iniciar la fase pública”.
El 6 de octubre -apuntó- “se acordó la realización de liberaciones humanitarias, hechas por las dos partes, con el fin de crear un clima, que permitiera instalar la fase pública de conversaciones”.
Para el ELN, las “consideraciones de fondo sobre la naturaleza y el alcance del delito político y sus conexos, son temas de la Fase pública de conversaciones; razón por la cual, las liberaciones y los indultos pactados, son previos y ocurrirán como gestos de voluntad política de las Partes según lo acordado”.
Reiteró que “las retenciones (secuestros) son acciones políticas y económicas ejecutadas por el Ejército de Liberación Nacional a personas, que aunque civiles, forman parte del conflicto”.
Son civiles -subrayó- que “no sólo financian o apoyan la guerra en algunas zonas del país, sino que, en muchos casos, su patrimonio se ha consolidado mediante la explotación del personal a cargo, la extracción indebida de recursos naturales o el aprovechamiento del manejo corrupto de los bienes del Estado”.
Los beneficios económicos obtenidos en “el caso de una retención, no van a parar a las arcas personales o propias de quienes directamente la ordenan o ejecutan, sino que llegan como recursos centralizados al ELN y son, por consiguiente, utilizados para financiar la rebelión”.
Plantearon que “esta conducta excluye, entonces, la tipificación del delito de secuestro, que para la legislación colombiana, debe haber “provecho lucrativo con fines expresamente individuales”.
El grupo rebelde insistió que “es evidente que al gobierno no le conviene abrir la Mesa Pública con el ELN, porque eso significa darle la palabra a la sociedad y permitir que sea el pueblo quien defina cuáles son los principales problemas que se deben discutir y cuáles deben ser las soluciones para construir la paz”.