Alrededor de 200 mil exiliados que llegaron a Estados Unidos tras el terremoto de 2001 deberán salir de Estados Unidos o ser elegibles a la deportación a partir de una última extensión de 18 meses hasta el 9 de septiembre del 2019, a menos que el Congreso apruebe algún alivio migratorio.
“Es un golpe muy triste, muy injusto, muy inmoral y extremo”, asegura el exiliado salvadoreño y dirigente de la Sección 32BJ del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), Jaime Contreras, quien llegó indocumentado en 1988 en medio de la guerra civil en su país.
“El presidente está a punto de destruirle la vida a un millón de personas, ya sean DACA o TPS y lo que sigue es empujar al Congreso a que actúe y que de una vez por todas no sólo arregle la situación de la gente que tiene TPS, sino de las más de 11 millones de personas sin papeles”, señaló.
A diferencia de las administraciones de los expresidentes George W. Bush y Barack Obama, que extendieron el TPS, el gobierno de Trump canceló el programa para más de 57 mil haitianos y dos mil 500 nicaragüenses, y sólo lo renovó provisionalmente por seis meses para unos 87 mil hondureños.
Para algunos líderes políticos del exilio, la extensión debe ser usada por los llamados “tepesianos” para darle a su causa la misma visibilidad que han adquirido los 690 mil beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
“Podría haber sido peor, los 18 meses nos permiten hacer lo que tenemos que hacer: Una lucha para la residencia permanente”, señaló la legisladora estatal demócrata de Maryland, Ana Sol Gutiérrez.
“Queremos que se reconozca que el TPS tiene tal vez más mérito que la DACA porque tienen muchos más años de estar acá, trabajando, pagando impuestos, tienen unas raíces mucho más profundas. Queremos no competir, sino que la solución para la DACA sea también para el TPS”, añadió.
El estado de Maryland, aledaño a Washington, alberga al segundo mayor núcleo de salvadoreños en Estados Unidos. Los dos senadores del estado, Ben Cardin y Chris Van Holen, propusieron una iniciativa de ley para darles alivio migratorio a los centroamericanos y caribeños.
Líderes como Gutiérrez esperan que las elecciones de noviembre próximo cambien la aritmética política en el Congreso, ante la posibilidad de que los Demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes y quizás del Senado, por efecto de la impopularidad de Trump.
Pero Aurelio Núñez, del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), sostiene que el trabajo político debe ser realizada tanto con demócratas como con republicanos, porque eventualmente cualquier legislación tendría que ser votada por Trump.
“Un cambio de demócratas ayudaría, pero hay que recordar que el presidente todavía tiene la autoridad de vetar las leyes. Por lo tanto tenemos que continuar los trabajos, tanto con los republicanos y con los demócratas”, apuntó.
Núñez apeló a los salvadoreños a acercarse a las autoridades y a centros de apoyo para agotar todas las rutas legales que les permitan regularizar su situación migratoria en Estados Unidos.
“Esto no es el final. Este es un momento que se nos abre la oportunidad de hacer alianzas con diferentes grupos y luchar” por una solución permanente, señaló.