Entre las propiedades que serían bloqueadas para su uso por la misión estadounidense estaría el complejo de residencias de descanso en Serebreni Boru y varios almacenes, señala el diario Kommersant.
Al respecto, el vicejefe del comité de Relaciones Internacionales de la Duma Alexei Chepa afirmó que las medidas de respuesta están elaboradas desde hace mucho tiempo.
La decisión del 29 de diciembre pasado de expulsar a 35 diplomáticos rusos la tomó la administración saliente del demócrata Barack Obama, pero el equipo del multimillonario Donald Trump nunca derogó tal disposición.
Obama bloqueó el acceso a las mansiones de Centreville, en Meryland, y Oyster Bay, en Nueva York, ambas propiedad de la embajada rusa en el país norteño, adquiridas en tiempos de la Unión Soviética.
El paquete de sanciones, aprobado el martes pasado en la Cámara de Representes estadounidense, prevé una prerrogativa presidencial para castigar a especialistas o compañías del país norteño y foráneas.
La medida punitiva se aplicaría si se gestionan inversiones en el sector energético ruso, tanto para servicios de proyección, entrega de tecnología o apoyo informático.
Además, las restricciones norteamericanas también limitan las inversiones en la referida rama rusa a cinco millones de dólares en un año o un millón de dólares de una sola vez.
El paquete cuenta con medidas para impedir la realización del proyecto Torrente Norte-2 que incluye la construcción de dos líneas de gasoducto para enviar gas desde las costas rusas hasta Alemania, a través del mar Báltico.
La obra terminada contaría con una capacidad de 55 mil millones de metros cúbicos al año y en ella participan, junto a Gazprom, las empresas Shell, OMV, Uniper, Engie y Wintershall, que aportan créditos a un seis por ciento de interés.