El plan para compensar a 15 surcoreanos que fueron obligados a trabajar sin remuneración para dos empresas japonesas durante el citado periodo ha despertado críticas por parte de algunas víctimas o sus familias al basarse principalmente sobre un fondo financiado con dinero de empresas surcoreanas y no japonesas.
En 2018 el Tribunal Supremo surcoreano reconoció el derecho de estas 15 personas a recibir indemnizaciones por parte de la acería Nippon Steel y la división de industria pesada de Mitsubishi y la decisión abrió la puerta a que, ante la negativa de ambas empresas a acatarla, las autoridades expropiaran activos de sus subsidiarias surcoreanas.
En represalia, Tokio impuso controles a la exportación a su vecino de tres materiales clave para la fabricación de chips y pantallas -dos de los principales puntales del músculo exportador surcoreano- y retiró a Seúl de su lista de socios comerciales preferentes, lo que hizo que la relación entre ambos vecinos viviera su peor momento en décadas.
Hoy mismo, aprovechando la presentación del plan de indemnización, Seúl anunció que retirará su protesta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por ese boicot y que ambos países mantendrán consultas bilaterales pronto para que la situación en el tema de aduanas retorne a la normalidad lo antes posible.
MESES DE REUNIONES
Ambos países llevan meses manteniendo reuniones de alto nivel destinadas a resolver uno de los grandes contenciosos que han minado la relación bilateral.
La llegada al poder el año pasado en Seúl del conservador Yoon Suk-yeol ha sido clave en este sentido, puesto que entre sus promesas de campaña se contaba el enmendar la relación con el vecino, al que recientemente ha llamado "socio" y con el que ha reforzado la cooperación militar ante las repetidas pruebas de misiles norcoreanas.
Los esfuerzos para acercar a las dos mayores democracias de Asia nororiental se producen también en un momento en el que tanto Seúl como Tokio observan con especial atención lo que sucede en torno al estrecho de Taiwán.
Como era de esperar, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, elogió hoy el plan presentado por las autoridades surcoreanas y aseguró que la decisión "contribuirá a restaurar lazos saludables entre Tokio y Seúl", mientras que Yoon afirmó que el fondo "tiene como objeto avanzar hacia una relación orientada al futuro".
Por su parte, el canciller surcoreano, Park Jin, expresó durante la presentación del programa de indemnización su deseo de que los dos países respeten una declaración conjunta firmada por ambos en 1998 por los entonces líderes surcoreano y nipón, Kim Dae-jung y Keizo Obuchi.
En esa declaración, Obuchi expresó también arrepentimiento y pidió perdón por el "horrendo daño y dolor" provocado por la colonización japonesa de la península entre 1010 y 1945.
RECHAZO DE ALGUNAS VÍCTIMAS
No obstante, el plan ha sido rechazado por algunas de las víctimas, a las que ampara la ley surcoreana para seguir exigiendo una indemnización que proceda de las arcas de las empresas mencionadas.
El plan presentado hoy busca recolectar donaciones "voluntarias" de empresas como la acería surcoreana Posco, que fue una de las principales beneficiarias de un paquete de ayudas valorado en 300 millones de dólares que Tokio ofreció a Seúl dentro del acuerdo para el establecimiento de relaciones bilaterales firmado en 1965.
Las autoridades niponas defienden que todas las indemnizaciones en ese terreno quedaron resueltas con base en ese tratado bilateral.
Documentos de la época han mostrado que Tokio quiso gestionar directamente las compensaciones a las víctimas, pero el Gobierno surcoreano, en manos en ese momento del general golpista Park Chung-hee, insistió en manejar esas ayudas, que acabaron sirviendo para financiar a Posco, hoy una de las mayores empresas surcoreanas, o para la construcción de la principal autopista del país.
El Gobierno nipón aseguró hoy que, en todo caso, permitirá a empresas japonesas realizar donaciones al mecanismo de compensación, aunque no está claro cuál será su uso final.
Fuentes del Gobierno surcoreano citadas por la agencia Yonhap han mencionado la creación de un fondo conjunto de becas para estudiantes al que empresas japonesas podrían aportar activos a través de la principal patronal del país, el Keidanren.
A su vez, Lee Jae-myung, líder del principal partido de la oposición surcoreana, el liberal Partido Democrático (PD), acusó al Gobierno de "traicionar la justicia histórica" con su propuesta y criticó el que la disculpa japonesa vaya a pasar por la "repetición de declaraciones antiguas", como la de 1998.