La convocatoria, que no es avalada por la dirección de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), la mayor central sindical del país, está impulsada por el líder del poderoso sindicato de los camioneros, Hugo Moyano, de extracción peronista y secretario general de la CGT entre 2004 y 2016.
En este paro quedarán patentes las diferencias internas entre la dirigencia sindical argentina en la víspera del día internacional del trabajo, día en que otros sectores, integrados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, harán también un cese de actividades.
"La CGT, con esta actitud de no asumir el reclamo que están llevando adelante los trabajadores de llamar la atención al Gobierno para terminar con una política de hambre, miseria, de endeudamiento evidentemente, ha perdido su condición de representante de los trabajadores", expresó Moyano en declaraciones radiales.
El sindicalista está enfrentado desde hace tiempo al Ejecutivo de Mauricio Macri, a quien llegó a acusar de impulsar una persecución en su contra por el avance de varias causas judiciales que le afectan.
Al paro del martes se suman las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) -que engloban principalmente a funcionarios públicos- y una gran variedad de pequeños sindicatos.
Se verán así afectados desde los aeropuertos -tanto vuelos nacionales como internacionales, por la adhesión de casi todos los gremios aeronáuticos-, como el metro de Buenos Aires y gran cantidad de líneas de autobús de la capital y metropolitanas.
También las escuelas y universidades públicas, los bancos, gran parte del transporte de mercancías, y los hospitales, que mantendrán una atención similar a la de un domingo.
La huelga se produce en un momento de grandes dificultades económicas para el país, que inició en el segundo trimestre del año pasado una recesión desencadenada por la abrupta caída del peso ante el dólar -que el Gobierno sigue sin lograr frenar- y una sequía que afectó fuertemente a la producción agropecuaria.
La devaluación se trasladó a los precios comunes y elevó la inflación y por ende aumentaron los indicadores de pobreza, que en el segundo semestre de 2018 se ubicó en el 32 % de la población, según los datos oficiales.
El Gobierno reconoce las dificultades pero insiste en que se dan dentro den un proceso de normalización de la economía nacional que busca erradicar el alto déficit fiscal que arrastra el país desde hace décadas.
El propio presidente insistió la pasada semana, en medio del fuerte avance de la prima de riesgo -que pasó el umbral de los 900 puntos por primera vez desde 2014-, que el descenso de la confianza de los inversores internacionales en el país se debe a la incertidumbre por las elecciones presidenciales de octubre próximo.
El mandatario -que ya ha confirmado que buscará la reelección, a pesar de la caída en picado de su popularidad en las encuestas- cree que una posible vuelta al poder de la expresidenta Cristina Fernández -quien todavía no ha confirmado si se presentará- está provocando el temor en los mercados por el futuro a corto plazo del país.
Mientras, los principales dirigentes opositores van armando su maquinaria electoral, reiteran en que es la figura de Macri la que no genera confianza y exigen un cambio de rumbo en la política económica, fuertemente condicionada por el préstamo de casi 57,000 millones de dólares otorgado en 2018 por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ante posibles disturbios en la huelga de mañana, que estará acompañada de una marcha por el centro de Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló hoy que ya se ha puesto en marcha un operativo de control y remarcó que no se permitirá el corte de carreteras.
"Para garantizarle a la sociedad que no se puede encarar un paro incendiando colectivos para generar caos miedo y riesgo país", sentenció en una conferencia de prensa tras la reunión del gabinete de ministros.