Estamos atentos sobre el efecto que tendrá esta orden ejecutiva, porque aunque sea solo para la policía estatal nos preocupa que aliente a policías municipales y a aguaciles a hacer lo mismo", dijo hoy a Efe vía telefónica Vicki Gaubeca, directora del Centro Regional de Derechos Fronterizos de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Las Cruces, Nuevo México.
La orden ejecutiva firmada por Martínez el pasado lunes exige a los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Nuevo México, cuestionar el estatus migratorio de toda persona que haya sido arrestada por cometer un delito grave.
De esta manera pone fin a una resolución emitida en el 2005 por el entonces gobernador demócrata Bill Richardson que estipulaba precisamente lo contrario.
La republicana, quien tiene poco más de un mes en la gobernación, dijo en un comunicado que esta decisión termina con el estatus de "santuario" del estado.
"Esta orden les quita las esposas a los oficiales del estado de Nuevo México para que puedan cumplir con su misión de mantener nuestras comunidades seguras", sostuvo Martínez.
Aseguró que los cuerpos de orden deben tener la autoridad para determinar el estatus migratorio de todos los criminales sin importar su raza o grupo étnico y reportar a indocumentados que cometen delitos graves ante las autoridades federales.
La mandataria enfatizó que la policía estatal no cuestionará el estatus migratorio de víctimas y testigos de delitos, así como de aquellos que busquen ayuda policiaca.
"Nosotros sabemos que los policías no están capacitados para ser agentes migratorios, sabemos que utilizarán el perfil racial, el aspecto físico de la persona, su acento, para cuestionar", dijo Gaubeca.
La activista afirmó que ya existen reportes de prácticas de perfil racial por parte de agencias del orden en Nuevo México y teme que esta orden ejecutiva agrave aún más el problema.
Una preocupación que comparte el legislador estatal Antonio "Moe" Maestas (D-Albuquerque), quien considera que cada hispano se convertirá de ahora en adelante en "sospechoso".
"La orden ejecutiva firmada por la gobernadora Martínez no ofrece ningún tipo de protección a las personas que son inocentes de los crímenes por los que son arrestados", dijo por su parte el senador estatal Richard Martínez (D-Río Arriba) en un comunicado de prensa.
El senador Martínez presentó esta semana la propuesta SB152 que prohíbe a las agencias del orden en Nuevo México detener a una persona basándose solamente en violaciones a las leyes migratorias.
En tanto, el senador estatal Eric Griego (D-Albuquerque) presentó también esta semana una iniciativa de ley que prohíbe a la policía estatal cuestionar el estatus migratorio de un detenido.
De acuerdo con estadísticas de la Oficina del Censo, el 45 por ciento de la población en Nuevo México es de origen hispano, y de esa cifra el 83 por ciento nació en los Estados Unidos.
En el estado se calcula que viven 85,000 inmigrantes indocumentados, lo que representa el 4.3 por ciento del total de la población clandestina en los Estados Unidos, según datos del Centro Hispano Pew.
En las próximas semanas la legislatura de Nuevo México también debatirá una iniciativa de ley que busca negar a los inmigrantes indocumentados la posibilidad de obtener una licencia de conducir en este estado.
