El juez federal Luiz Antonio Bonat, responsable de la operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil, decretó el pasado 18 la congelación de los bienes de Lula, preso desde abril de 2018 por corrupción.
La petición del embargo había sido formulada por la Fiscalía, que acusa al expresidente de haber recibido sobornos de 12.5 millones de reales (unos 3.24 millones de dólares) de la constructora Odebrecht como pago por un terreno para levantar una nueva sede el Instituto Lula.
Los portavoces del expresidente adelantaron que recurrirán el fallo del juez federal y dijeron a Efe que el exmandatario "no tiene 78 millones de reales" y "todos los bienes que posee ya están bloqueados por otra decisión".
La Justicia brasileña ya había congelado los bienes del exmandatario por una primera condena de corrupción en primera instancia de julio de 2017 en la que se le castigó con nueve años y medio de cárcel al estimar que había quedado probado que recibió sobornos de 2.25 millones de reales (unos 700,000 dólares).
Estos sobornos se habrían materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de Sao Paulo.
Paralelamente a la nueva congelación de bienes, la Fiscalía recomendó este miércoles a un tribunal regional que eleve la pena de la segunda condena por corrupción dictada contra Lula.
En febrero de este año, el expresidente recibió, en primera instancia, una condena de 12 años y 11 meses, por corrupción pasiva y lavado de dinero acusado de beneficiarse con unas reformas en una casa de Atibaia, en el interior del estado de Sao Paulo.
Lula, encarcelado desde el 7 de abril de 2018 en la sureña ciudad de Curitiba, siempre se declaró inocente de todos los cargos y ha presentado varios recursos para obtener la libertad, que le han sido negados por la Justicia.