En un comunicado, la ONG apuntó que pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, "cuya vida e integridad está en riesgo por derrame de petróleo y el COVID-19", reclaman respeto al debido proceso en acción legal para proteger sus derechos.
Y expresó su preocupación por la "grave situación de vulnerabilidad" en la que se encuentran las personas y comunidades afectadas por el derrame de crudo sobre sus fuentes de agua y alimentación, ocurrido el pasado 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana.
Señaló que tras la ruptura de tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) a la altura de la Cascada de San Rafael en la provincia de Sucumbíos, el derrame de petróleo afectó a "aproximadamente a 105 comunidades".
Entre ellas, principalmente, a comunidades de las nacionalidades Kichwa y Shuar, pertenecientes a 21 parroquias que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo, quienes dependen de los ríos como fuente de agua y alimento.
En su escrito, AI recordó que el Estado ecuatoriano debe guiarse por el derecho internacional de los derechos humanos en su respuesta a la emergencia causada por el derrame de petróleo.
Así, debe asegurarse de que las personas y comunidades afectadas estén seguras y proveerles de la asistencia humanitaria requerida, con su participación, en todas las etapas de la emergencia.
Asimismo, expresó su preocupación por actos procesales que presuntamente ponen en riesgo las garantías del debido proceso en la acción de protección y medidas cautelares (medidas urgentes de protección), presentada en abril a favor de aproximadamente 120,000 personas afectadas por el derrame de crudo.
En ese contexto, las organizaciones demandantes señalan, por ejemplo, que el juez del cantón Orellana a cargo del caso, supuestamente les ha solicitado información "no requerida por la ley como los datos de contacto de las entidades demandas para dar trámite a la demanda".
Además, el juez habría convocado con pocos días de antelación a una audiencia pública, la cual presuntamente se celebraría por video.
Ello, sin considerar las condiciones geográficas de la zona y la situación actual de la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2, que disminuye la posibilidad de acceder a medios virtuales para las personas y comunidades indígenas afectadas, así como para quienes ejercen su defensa, reza el comunicado.
La acción de protección la presentaron la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
La demanda señala como responsables al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, la empresa estatal de petróleos Petroecuador y la empresa privada OCP.