Amnistía Internacional valora los avances de México en el Acuerdo de Escazú

Organizaciones civiles, entre ellas Amnistía Internacional (AI), reconocieron este lunes la importancia de que México avance en el Acuerdo de Escazú y que haya mostrado voluntad de ratificarlo tras la aprobación del tratado en el Senado por unanimidad el pasado jueves.

"Desde las organizaciones de la sociedad civil que impulsamos la necesidad de un tratado vinculante sobre los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, (...) consideramos que es un paso adelante que el Estado mexicano haya mostrado la voluntad de ratificar el Acuerdo de Escazú", expresó AI en un boletín firmado también por varias ONG como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Fundar.

El acuerdo en cuestión es un instrumento regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y sus declaraciones interpretativas.

En el comunicado, la organización recordó los datos alarmantes del contexto mexicano que hacen que urja la implementación de este tratado, que propone una transformación de la gobernanza ambiental poniendo en el centro los derechos humanos y estableciendo herramientas para garantizar el acceso a la información y la participación publica.

"Desde 2006 se han identificado 879 conflictos socioambientales que están vinculados en su mayoría a la actividad minera, la extracción de hidrocarburos y proyectos hidroeléctricos. En estos conflictos la violencia ha sido una constante", indicó AI.

Además, añadió que de 2012 a 2019 se registraron 499 ataques contra defensores del medioambiente en México, 39 de los cuales fueron en el último año y de ellos resultaron 15 personas asesinadas

El acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú. México lo suscribió el 27 de septiembre de ese año y es el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que brinda sustento a los derechos humanos en general y los derechos ambientales en particular.

También busca la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de capacidades y la cooperación.

Por otro lado, pretende contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.

Además, incorpora directrices tendientes a que los Estados que forman parte del acuerdo impulsen y promuevan la transparencia, participación del público en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente, o contravenga alguna norma jurídica relacionada a esta materia.

Asimismo, establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Amnistía instó al Gobierno de México a publicar "a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación, el dictamen del Senado de la República y completar el proceso de ratificación a nivel nacional".

Por último, la organización se mostró esperanzada en que los avances dados hasta el momento en relación al Acuerdo de Escazú impliquen voluntad política de cumplir con los derechos humanos ambientales, de modificar normativas y prácticas, de proteger a las personas defensoras y de asignar los recursos necesarios, entre otros.