La ley del "Mecanismo de Salvaguardia" impondrá límites de emisiones a las 215 empresas más contaminantes del país, entre ellas Santos, BHP, Anglo Coal, Woodside, Chevron y Rio Tinto, que son responsables de un 30 por ciento de las emisiones de Australia.
Esta ley, que establece un limite "rígido" de emisiones, obligará a estas 215 empresas a reducirlas en un 4,9 por ciento cada año hasta el 2030 o a adquirir créditos de carbono.
Esto se traduce en la reducción en 205 millones de toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2030, lo que equivale a sacar dos tercios de los automóviles que circulan en el país oceánico, según un comunicado publicado hoy por el ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen.
"Hoy es un día histórico para que el país garantice que nuestra economía pueda aprovechar las oportunidades de la descarbonización y cumplir con nuestros ambiciosos objetivos climáticos", dijo el ministro Bowen, quien agregó que estas reformas "salvaguardarán" la economía, el clima y el futuro de los australianos.
La ley fue aprobada en virtud de un acuerdo el lunes pasado con el Partido Verde, que quería en principio que se prohibieran los nuevos proyectos de carbón y gas, así como el apoyo de legisladores independientes.
Los Verdes accedieron después a fijar una cuota "firme" de emisiones brutas que supone que el país no podrá superar los niveles actuales de contaminación de 140 millones de toneladas al año, una condición que según ellos haría que más de un centenar de nuevos proyectos de hidrocarburos sean inviables.
La ley del "Mecanismo de Salvaguardia" fue aprobada durante el gobierno del liberal Tony Abbott en 2016 con topes muy por encima de las emisiones regulares de las empresas más contaminantes, que aumentaron.
El Gobierno australiano se ha comprometido- por ley- a reducir las emisiones contaminantes un 43 por ciento para el año 2030, respecto al 2005, lo que equivale a 205 millones de toneladas de carbono menos, antes de llegar a la neutralidad de emisiones para el 2050.
La lucha contra el cambio climático fue uno de los pilares de la victoria de Albanese, en los comicios de mayo de 2022, que terminaron con nueve años de gestión de la coalición Liberal-Nacional, defensora de la explotación del carbón y otros combustibles fósiles.
La coalición conservadora, que derogó en 2014 un impuesto pionero que se había aprobado en Australia durante el gobierno laborista de Julia Gillard, cree que la ley contribuirá a que los precios de la energía se disparen y una fuga de inversiones de empresas que explotan combustibles fósiles.