La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles un paquete de medidas legislativas para descarbonizar el mercado europeo del gas y en él recoge la posibilidad de que los socios comunitarios unan fuerzas de manera voluntaria para comprar gas.
España y otros países como Francia habían pedido que se autorizaran estas compras centralizadas como respuesta al incremento de los precios energéticos de los últimos meses, en el que se han alcanzado cotas históricas principalmente por el gas, pero la iniciativa de Bruselas limita esta acción a casos de emergencia.
La propuesta de la Comisión, en todo caso, tendrá que negociarse con el Consejo, que representa a los Estados miembros de la UE, y con el Parlamento Europeo.
Así, estas compras sólo se podrían hacer en situaciones en las que existan cortes en el suministro y los países que quieran participar en ellas tendrán que avisar antes al Ejecutivo comunitario, que supervisará si no contraviene las normas europeas sobre energía o sobre ayudas de Estado.
La Comisión Europea también sugiere reforzar el almacenamiento de gas a escala europea mediante un enfoque "más estratégico" en el que pide a los países que evalúen de forma continua sus reservas y aporta una serie de opciones si identifican riesgos, como obligar a mantener un nivel mínimo de gas o la organización de subastas.
El objetivo principal del conjunto de medidas presentadas por le vicepresidente del Ejecutivo económico para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, y la comisaria de Energía, Kadri Simson, es impulsar la entrada de gases renovables, en el sistema en detrimento de aquellos que proceden de combustibles fósiles.
"Europa tiene que pasar la página de los combustibles fósiles y avanzar hacia fuentes energéticas más limpias. Esto supone reemplazar los gases fósiles por otros renovables y bajos en carbono, como el hidrógeno", explicó Timmermans en una rueda de prensa.
Otro de los objetivos del nuevo paquete energético es el de impulsar un mercado específico para el hidrógeno mediante la creación de un "entorno correcto" para inversiones y el despliegue de una "infraestructura específica" que incluya intercambios comerciales con terceros países.
METANO Y CAPTURA DE CO2
Dentro de este conjunto de medidas se encuentra la primera propuesta legislativa en la UE para reducir las emisiones de metano, un "potente" gas de efecto invernadero que es responsable de casi un tercio del cambio climático en la actualidad y que fue parte de los debates en la pasada cumbre climática COP26 de Glasgow (Reino Unido).
Entre otras medidas, Bruselas propone prácticamente prohibir la quema y ventilación de gas -que sólo se podrá hacer bajo circunstancias excepcionales- y obligar a empresas gasísticas y del carbón a detectar y mitigar sus emisiones de metano, así como a reparar posibles fugas de este gas.
Por otro lado, presentó una hoja de ruta para apoyar la captura de CO2 a través de "un mercado interior para capturar, utilizar y almacenar carbono y la necesaria infraestructura de transporte transfronterizo de CO2".
EDIFICIOS EFICIENTES
La Comisión Europea presentó también una propuesta para descarbonizar los edificios, que actualmente consumen el 40 % de la energía de la Unión Europea y generan el 36 % del CO2.
Bruselas propone renovar el 15 % del "stock" de inmuebles de la UE energéticamente menos eficientes para 2030, con 150,000 millones de euros de financiación comunitaria.
En concreto, la CE sugiere que el 15 % de los edificios residenciales de los Veintisiete se renueven para alcanzar al menos el grado F del certificado energético en 2030 y que los no residenciales, como oficinas o instituciones, lleguen a ese nivel en 2027.
La iniciativa, que también tendrá que negociarse con el Consejo y la Eurocámara, abarcaría 30 millones de edificios y la Comisión está dispuesta a aportar 150,000 millones de euros de distintas partidas del presupuesto de la UE.
Además de ir renovando el parque de edificios existente, de los que el 85 % aún estará operativo en 2050, cuando la UE tendrá que haber alcanzado la neutralidad climática, la Comisión quiere que los que se vayan construyendo a partir de 2030 sean inmuebles de "cero emisiones".