La Comisión evaluó la Directiva 2008/99/CE, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, y las conclusiones indicaron que la Directiva no ha alcanzado plenamente sus objetivos, según informó la Comisión en un comunicado.
Esta Directiva exige a los Estados miembros que traten como delitos penales las actividades que infringen la legislación medioambiental de la UE, como el traslado ilegal de residuos, el comercio de especies en peligro de extinción o de sustancias que agotan la capa de ozono.
El comisario de Justicia, Didider Reynders, señaló que la UE es pionera en el desarrollo de una política medioambiental global y continuará estableciendo normas mundiales para la protección del planeta.
“Una transición ecológica significa que tenemos que proteger nuestro medio ambiente contra la delincuencia y nuestros recursos naturales contra la explotación”, subrayó Reynders, quien invitó a participar en la consulta a todos los interesados, ya que los comentarios contribuirán en las medidas para “proteger la fauna y la flora y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
La consulta pública estará abierta hasta el 4 de mayo y se espera una propuesta legislativa de Directiva revisada para finales de 2021.
La evaluación de la Directiva, llevada a cabo en 2019-2020, concluyó que sigue habiendo margen de mejora cuando se trata de reducir los delitos ambientales y perseguir a los infractores.