Damnificados exigen la reparación de los daños por un derrame tóxico en una mina mexicana

La protesta comenzó en el mercado municipal de Hermosillo, donde los participantes realizaron un mitin para informar a los afectados sobre los efectos de vivir con metales bioacomulables en el organismo como arsénico, cobre, plomo, cadmio, manganeso, bario, hierro y aluminio.

Después el contingente marchó hacia el centro histórico de la ciudad, coreando consignas en el trayecto.

Los manifestantes demandaron que las autoridades ambientales obliguen a la empresa a cumplir las normas oficiales de seguridad en su explotación minera.

Asimismo, que la Suprema Corte resuelva los juicios de amparo interpuestos por damnificados y productores agrícolas que buscan reabrir el Fideicomiso Río Sonora para invertir 800 millones de pesos (40,8 millones de dólares) en la remediación ambiental, un hospital para los enfermos y plantas potabilizadoras para eliminar los contaminantes del agua para consumo humano.

De lo contrario, exigieron que se le retire la concesión minera a la empresa trasnacional.

"Queremos que a la empresa le hagan cumplir con las promesas inconclusas, que son la calidad del agua, la calidad de la salud y el medioambiente sano y limpio, porque con un ambiente sano tendremos vida, de otro modo no tenemos vida", declaró a Efe Óscar Encinas Gámez, presidente del Comité de Cuenca del Municipio de Ures.

Refirió que los manifestantes no están peleando por dinero, sino porque "se resuelvan los daños en la agricultura y la ganadería que están severamente afectadas".

Se espera que en los próximos días la Suprema Corte de México resuelva el juicio de amparo que cuestiona el cierre del Fideicomiso Río Sonora y la conclusión del Programa de Remediación Ambiental, cuando según estudios se había avanzado en los primeros 30 kilómetros desde el lugar donde se inició el derrame, dejando 240 kilómetros sin ningún trabajo de remediación ecológica.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, declaró que el Gobierno federal debería obligar a la empresa a llevar a cabo las medidas necesarias para que nunca se repita un derrame tóxico en las instalaciones de Grupo México.

"La gente quiere saber qué sucedió con los recursos del Fideicomiso que aportó Grupo México, en qué se utilizaron los recursos, qué fue lo que se gastó. Nosotros jamás tuvimos acceso a eso que es tan importante porque cuentas claras, amistades largas", dijo Pavlovich a medios locales.

Enfatizó la importancia de saber exactamente en qué se usaron los fondos, "pero sobre todo que esto jamás vuelva a suceder".

Este martes se cumplieron cinco años del que es considerado el mayor desastre ambiental en la historia de la industria minera mexicana y el próximo viernes se cumplirá un mes del derrame tóxico de Grupo México en el Mar de Cortés.

Este martes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indicó que el Gobierno federal busca desarrollar la región de los ríos Sonora y Bacanuchi para atenuar las afectaciones que todavía padece la zona por el vertido tóxico de hace cinco años.

En un comunicado, la dependencia indicó que se encuentran en conversaciones con distintos actores "para determinar medidas contundentes que garanticen la seguridad y el bienestar de las poblaciones" aledañas.

"La dependencia federal mantiene un diálogo permanente con las comunidades de la cuenca, en el que participan representantes de las empresas mineras, pobladores afectados, ambientalistas, científicos, autoridades de los tres niveles de gobierno", apuntó.

El 6 de agosto de 2014, la falla en una válvula de la mina Buenavista del Cobre generó el derrame de 40.000 metros cúbicos de una solución cargada de cobre y otros metales procesados con ácido sulfúrico que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22.000 habitantes de siete municipios.

A pesar del desastre ambiental, el poderoso consorcio Grupo México afirma que ya cumplió con el resarcimiento de los daños a las víctimas por el derrame, mientras los damnificados mantienen la esperanza de que la nueva administración federal retome el caso que actualmente se dirime en la Suprema Corte de Justicia en la Nación.