En un comunicado, Bloom denuncia la "actitud destructiva e irresponsable" del Estado francés por su falta de control voluntaria sobre 23 atuneros industriales que faenan, en particular, en el océano Índico.
Al Consejo de Estado, la más alta instancia de recurso administrativo, le va a pedir la derogación de una circular que, a su parecer, les da derecho a "pescar ilegalmente al amparo de la legislación europea".
Esa circular otorga a los pesqueros lo que se conoce como un "margen de tolerancia", es decir, un margen de error del 10 % pero no de las capturas declaradas de cada especie por separado, sino del total de las capturas mezclando unas y otras especies.
Bloom destaca que ese cambio provocó la apertura en 2021 de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea.
El director científico de la ONG, Frédéric Le Manach, precisa que, aunque la modificación pueda parecer insignificante, "si se aceptara (...), las repercusiones para los sistemas marinos y las economías costeras del océano Índico serían catastróficas".
La razón -añade Le Manach- es que la recogida de datos de calidad pasaría a ser "ilusoria" porque dejaría de ser importante discriminar entre especies y "eso tendría consecuencias dramáticas para el control de la salud de los ecosistemas marinos y el establecimiento de cuotas adecuadas".
"Permitiría seguir sobreexplotando especies ya amenazadas como el rabil y el patudo", concluye.
Por otro lado, Bloom interpone una demanda ante el Tribunal Administrativo para obligar a la Administración francesa, que se ha negado, a que comunique datos clave sobre los controles a sus atuneros.
En especial sobre el número y la ubicación de los llamados "dispositivos de concentración de peces", unas balsas flotantes cargadas de tecnología para detectar los bancos de pescado.
La asociación confía en que, tras haber conseguido un dictamen favorable de la Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos (CADA), el tribunal sea "muy reactivo" con su demanda porque "cada día que pasa permite a las flotas francesas saquear las aguas africanas con total impunidad".
Afirma que el Estado francés no ha fijado "absolutamente ningún objetivo de control concreto para sus pesquerías de atún en 2022 y 2023", y que las operaciones de supervisión que se han hecho donde faenan esos buques conciernen "casi exclusivamente" a navíos extranjeros.
De esa forma, los atuneros franceses son objeto de control solo "de manera anecdótica", según la ONG, que vincula ese hecho con la apertura por la Comisión Europea del procedimiento de infracción contra Francia en 2021 tras una auditoría realizada en 2018.