El coordinador de Ecologistas en Acción, José Ignacio Martín, denunció ante los eurodiputados la situación de Palomares, enclave en el que en 1966 dos aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos colisionaron y desprendieron cuatro bombas termonucleares "liberando nueve kilos de plutonio por la zona".
Martín habló de una "limpieza ficticia" por parte de Estados Unidos, así como de que el Gobierno del dictador español, Francisco Franco, "llegó a un acuerdo para engañar a la opinión publica y a la población de Palomares diciendo que no había vestigios de material radioactivo, mientras los ciudadanos fueron tratados como cobayas para ver los efectos del plutonio en los seres humanos".
Otro de los peticionarios, José Herrera, subrayó que el municipio almeriense "lleva 53 años viviendo con la radioactividad" junto a la "indefensión de una población que espera la rehabilitación de la zona", y denunció que los informes sobre seguridad nuclear llevados a cabo hasta la fecha "no abarcan todas las parcelas ni son suficientemente exhaustivos".
Por otra parte, la comisión de Peticiones examinó hoy el caso del cementerio de residuos nucleares en Cabril (Córdoba), y decidió pedir más información a las autoridades españolas.
Sebastián Pérez Gallardo, de Izquierda Unida Córdoba, puso sobre la mesa la cuestión del almacenamiento y traslado de residuos nucleares a ese enclave, y pidió "transparencia para conocer qué residuos se están almacenando en estas instalaciones".
Aseguró que España incumple la legislación de la Unión Europea en materia de gestión de residuos nucleares y que el transporte de dichos desechos no se lleva a cabo de forma transparente, y lamentó "la opacidad" del Gobierno central sobre "el traslado de residuos desde la central nuclear Santa María de Garoña".
En ambos casos, tanto de Palomares como de Cabril, los peticionarios subrayaron que el almacenamiento de residuos nucleares "no sólo afecta a la salud de la población, sino al desarrollo socioeconómico de la zona".