Impulsor de ICE niega que reducir los pesticidas amenace la seguridad alimentaria

El profesor asociado de la Universidad de Wageningen y uno de los organizadores de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) "Salvar a las abejas y agricultores", Jeroen Candel, aseguró este martes que la propuesta legislativa para reducir el uso de pesticidas en la Unión Europea (UE) no pone en riesgo la seguridad alimentaria.

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Fotografía fechada el 4 de mayo de 2000 de un agricultor rociando con pesticidas su campo de cultivo cerca de Roederhof, en Alemania. EFE/EPA/ DPA/PETER FOERSTER

"No hay un solo científico serio en Europa que argumente que el reglamento sobre pesticidas suponga un riesgo para la seguridad alimentaria europea", declaró Candel durante una audiencia pública celebrada en el Parlamento Europeo.

Añadió que, "al contrario", existe "un alto grado de consenso sobre que la rápida pérdida de biodiversidad y el cambio climático constituyen las mayores amenazas a la sostenibilidad y resiliencia de nuestro sistema alimentario".

En la audiencia pública de hoy en la Eurocámara, los organizadores de la iniciativa ciudadana europea "Salvar a las abejas y agricultores", que promueve prohibir los pesticidas sintéticos en la Unión Europea para 2035 y restaurar la biodiversidad, expusieron sus argumentos ante eurodiputados y comisarios europeos.

La propuesta consiguió el apoyo de 1,054 millones de europeos y se convirtió así en la séptima iniciativa ciudadana europea que rebasó el umbral de apoyos necesarios para que Bruselas reaccione.

La Comisión tiene hasta el 7 de abril de 2023 para dar su respuesta, que puede pasar por proponer legislación, tomar acciones no legislativas o no actuar.

La campaña llama a Bruselas a proponer medidas legales para reducir el uso de pesticidas sintéticos en la agricultura comunitaria en un 80 % hasta 2030 y abandonar definitivamente su uso para 2035.

Por su parte, en junio la Comisión Europea propuso obligar a reducir en un 50 % el uso de plaguicidas químicos en la Unión Europea para 2030, lo que se traduciría en objetivos nacionales diferentes, en función de la situación de partida de cada Estado miembro.

La propuesta transformaría la actual directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas en un reglamento que sería directamente aplicable en todos los Estados miembros.

Sin embargo, los países pidieron a la Comisión Europea en diciembre un nuevo análisis de impacto sobre las consecuencias de la reducción del uso de plaguicidas en la seguridad alimentaria del club comunitario, ya que el primer estudio se elaboró con datos recopilados y analizados antes de la invasión rusa de Ucrania.

A los países les preocupa que no se tenga en cuenta el impacto del conflicto sobre la seguridad alimentaria.

Candel aseguró que "citando cuestionables preocupaciones sobre seguridad y resiliencia alimentaria que se hacen eco del discurso de intereses bastardos, los políticos han pedido un análisis de impacto adicional".

Consideró "altamente cuestionable" que el estudio complementario de la Comisión vaya a dar como resultado "una ganancia de conocimiento", ya que "los desafíos a largo plazo que afronta el sistema alimentario de la UE y el estado de nuestra biodiversidad no han cambiado desde el inicio de la guerra en Ucrania".

"Quizá el entorno geopolítico inestable ha hecho estos desafíos y la necesidad de cambios sistémicos incluso más urgentes. El momento de actuar es ahora", aseveró.

Helmut Burtscher-Schaden, otro de los organizadores de la iniciativa ciudadana, declaró que si se quiere preservar el mundo "como lo conocemos", es necesario "cambiar el modo en que lo tratamos".

"Reducir el uso de los pesticidas es un prerrequisito necesario", constató, y añadió que los planes de la UE para reducir el uso de pesticidas están "bajo seria amenaza".

Señaló que para los productores de pesticidas la disminución supone que "miles de millones estén en juego".

Denunció que los grandes fabricantes de pesticidas pagan a científicos de universidades para que elaboren estudios de impacto parciales que advierten sobre el impacto negativo en la economía o la seguridad alimentaria.

"Mucho más sorprendente para mí es cuando los grupos de interés que se supone que representan los intereses de los agricultores unen fuerzas con la industria para combatir el pacto verde", expresó.