Actualmente, el BID tiene 34 proyectos con créditos aprobados en el Perú por más de 2,198 millones de dólares, repartidos mayoritariamente entre obras de transporte, los procesos de reforma en el Estado y la salud.
Sin embargo, el año pasado, el banco inició un proceso de revisión de sus políticas medioambientales (salvaguardas) y elaboró un borrador del MPAS, que este miércoles generó un debate en Lima con las organizaciones beneficiarias.
Entre sus principios rectores, figuran que la responsabilidad y los requisitos establecidos por el Marco serán proporcionales al nivel de riesgo del proyecto y que el proceso ofrecerá oportunidades significativas de participación para todas las partes interesadas.
El presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper Pezo, declaró a Efe que han detectado vacíos en el borrador del documento referidos al tema del consentimiento libre de las comunidades para el inicio de un proyecto de infraestructura o una actividad extractiva en sus territorios.
"Lo que nosotros planteamos es que el BID tiene que hacer un proceso claro y también exigir a los prestatarios que operan dentro de la Amazonía, en los pueblos indígenas, dar seguimiento, que controlen, que vigilen si están cumpliendo lo que están firmando o están cumpliendo los estándares internacionales", explicó Cauper.
Añadió que "el tema de consentimiento para nosotros es un derecho, no una ventana de referéndum, donde va el Estado peruano o la empresa privada a hacer la consulta".
"Para nosotros el consentimiento es una verdadera consulta, informado, transparentemente, cumpliendo con todos, para lograr el consentimiento, de qué manera va a afectar o va a dar alternativas a los pueblos", precisó el líder indígena.
Cauper mencionó que Perú ha hecho un préstamo de 40 millones de dólares para un proyecto de titulación y catastro, sin embargo "hasta la fecha ya va a terminar el proyecto, pero no hay ninguna comunidad titulada".
Se quejó de que en la selva peruana "hay mucho tráfico de tierras", además de "una presión que viene del gobierno mismo hacia los pueblos indígenas", razón por la cual argumentó que quieren que "este tipo de salvaguarda no sólo sea escrito, sino que implementen claramente, dado seguimiento por el mismo banco si están cumpliendo".
El presidente de Aidesep sostuvo que el BID tiene que tomar en cuenta sus contribuciones en esta consulta "porque somos los más afectados por ese tipo de proyectos con los fondos prestados por el Banco y que afectan los derechos de los pueblos indígenas".
A su turno, el representante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Ricardo Flores, comentó a Efe que "lo que plantean los pueblos indígenas y una de las razones de la gran importancia de la consulta previa es determinar las formas de respeto de una forma de vida milenaria y ancestral, que hoy estamos disfrutando gran parte de esos saberes en términos de que aún existe el agua y grandes zonas con inmensas riquezas en biodiversidad".
"Esa es la importancia de poder discutir los marcos políticos, es poder coordinar la política, la forma de uso de esos recursos, que van a hacer los distintos Estados", anotó el encargado del apoyo técnico de la Coordinación de Cambio Climático y Biodiversidad de COICA.
Flores resaltó que "es importante entender que la gran fragilidad de la región amazónica tiene su eco en la fragilidad de las comunidades", dado que la Amazonía tiene casi 8.5 kilómetros cuadrados de extensión, donde viven más de 506 pueblos indígenas originarios.
Por su parte, el abogado de la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Ricardo Rivera, remarcó que el BID es un actor clave para el desarrollo en América Latina, "sobre todo para el Perú, que es el quinto país que tiene mayores financiamientos de parte de este banco".
La financiación del BID en Perú "apunta a temas muy sensibles, no solamente sociales, también ambientales, como por ejemplo el cierre de brechas o mejoras de la competitividad, y cambio climático", afirmó Rivera.
En tal sentido, agregó que su principal preocupación como organización "es asegurar la participación en este tipo de espacios de las organizaciones indígenas, de los pueblos, los que son quienes se han visto principalmente afectados por los proyectos financiados o cofinanciados por el BID".