Este sistema para controlar las emisiones de carbono propone fijar cuotas para cada empresa japonesa y que aquellas que excedan el límite compren derechos de emisión a otras compañías más limpias.
El gobierno nipón, que se ha comprometido a reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 25 por ciento en 2020 frente al nivel de 1990, presentó recientemente un proyecto de ley para contrarrestar los efectos del calentamiento global, que incluye la introducción de un impuesto medioambiental y la compra a un precio fijo de electricidad generada por energías alternativas.
El nuevo impuesto se traduciría en un incremento de los gravámenes sobre la gasolina, el gas natural o el carbón, que se aplicarán en varias etapas desde octubre de 2011.
El gobierno del primer ministro, Naoto Kan, decidió analizar "cuidadosamente" esta propuesta para fomentar a partir de 2012 el uso de energías renovables, entre ellas la solar y la eólica, aunque todo apunta a que se encontrará con la oposición de la industria energética, según analistas.