En un comunicado, el TEDH señala que las autoridades no sólo no abrieron rápidamente una investigación, sino que en lugar de eso escindieron las denuncias en varios procedimientos que no dieron ningún resultado y fueron finalmente archivadas.
"No se hizo ningún esfuerzo real para identificar a los agresores", subraya, después de señalar que la agresión fue "suficientemente grave" para que los demandantes sintieran inseguridad y miedo, y para que este asunto pueda considerarse cubierto por el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que obliga a las autoridades a actuar.
Además, los jueces europeos estiman que los agresores parecen haber estado motivados por la idea de que los activistas tenían una nacionalidad o una ideología diferente, con lo cual se estaba infringiendo otro artículo del convenio que prohíbe la discriminación.
Y sin embargo, -añaden- las autoridades no tomaron "las medidas necesarias para buscar si un móvil de odio pudo o no haber tenido un papel en la agresión".
Los hechos ocurrieron en la noche del 9 de septiembre de 2016 cuando seis personas encapuchadas, armadas de porras, cuchillos, gas pimienta, armas de fuego y explosivos artesanales irrumpieron en el lugar donde estaban acampados los activistas de Greenpeace.
Según el relato de los ecologistas, los atacantes -los mismos que ya les habían acosado durante el día, los golpearon- los amenazaron y los insultaron con términos peyorativos para los extranjeros.
El TEDH impuso a Rusia el pago de 4,000 euros a cada uno de los nueve miembros de la organización ecologista en concepto de daños morales.
Sin embargo, es más que dudoso que esa sentencia llegue a ejecutarse, ya que Rusia fue expulsada el pasado mes de marzo del Consejo de Europa por la invasión de Ucrania.
Aunque formalmente están obligadas a asumir las obligaciones con el TEDH para hechos ocurridos hasta el 16 de septiembre pasado, las autoridades rusas ha roto todo contacto con el Tribunal de Estrasburgo.