Tras un recurso popular interpuesto contra el Estado, la jueza María Amelia Almeida Senos de Carvalho, de la Justicia criminal federal en Río de Janeiro, suspendió la decisión determinada la víspera por el Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama) por "el evidente riesgo de daños irreparables al medioambiente".
Las reglamentaciones que protegen el medioambiente nativo fueron revocadas por el Conama en una reunión que tuvo lugar este lunes y que fue liderada por el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles.
La decisión causó polémica por los daños que podría ocasionar al medioambiente y fue duramente criticada por organizaciones ecologistas defensoras del hábitat.
El Conama, del que forman parte otros miembros del Gobierno, representantes de gobernaciones y alcaldías y empresarios, es el principal organismo consultivo del Ministerio de Medio Ambiente, responsable de establecer los criterios para la concesión de licencias ambientales y normas para el control y mantenimiento de la calidad del medioambiente.
Su decisión, ahora suspendida provisionalmente por la Justicia, levantó la prohibición de deforestar y ocupar áreas de preservación como dunas y manglares, y dio vía libre para quemar residuos de agrotóxicos en hornos utilizados para la producción de cemento, bajo la justificación de que así se reducirían las cantidades de residuos sólidos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la quema de residuos tóxicos se realice en ambientes controlados, ya que pueden causar daños a la salud de la población acarreando efectos nocivos para la calidad del aire.
Asimismo, el Conama derogó la norma que determinaba los criterios de eficiencia en el consumo de agua y energía para que se pudieran aprobar proyectos de riego.
Esas decisiones se suman a otras ya promovidas por el Ministerio de Medio Ambiente desde enero de 2019, cuando asumió el poder el ultraderechista Jair Bolsonaro y designó para esa cartera a Salles, un antiguo adversario de las organizaciones ecologistas.
Esos grupos acusan a Bolsonaro y Salles de "desmontar" en forma gradual la rígida normativa de protección medioambiental que el país creó en los últimos veinte años, a fin de abrir la puerta a la actividad económica en zonas hasta ahora protegidas.
Entre esas regiones, figuran la Amazonía y el Pantanal, el mayor humedal del mundo, compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay, que han sido pasto de vastos de incendios en los últimos dos años.